El Gobierno de México dio un nuevo paso en su estrategia contra el contrabando y el robo de combustible, al anunciar la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de fortalecer la fiscalización del traslado de mercancías en el país.
El acuerdo, formalizado por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles (Semar), Jesús Antonio Esteva Medina (SICT) y Antonio Martínez Dagnino (SAT), busca integrar tecnologías de información y herramientas digitales para inspeccionar, verificar y supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en el transporte de bienes.
Uno de los pilares de la estrategia es el uso de la Carta Porte digital, implementada por el SAT en 2022, la cual permite registrar datos detallados de las mercancías, los vehículos de transporte, las personas responsables del traslado y sus rutas. Entre enero de 2022 y agosto de 2025, se han emitido más de 1,510 millones de facturas con complemento Carta Porte, lo que ha permitido al SAT trazar con mayor precisión el movimiento de productos en todo el país.
La firma de este convenio ocurre días después del mayor golpe al huachicol fiscal en la historia reciente: el decomiso de 10 millones de litros de diésel robado a bordo del buque Challenge Procyon en Tampico, Tamaulipas. El operativo derivó en la detención de casi 50 personas, incluidos empresarios, exfuncionarios aduaneros y el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
De acuerdo con las autoridades, la red desmantelada operaba a gran escala, movilizando combustible de manera ilegal y con complicidad de mandos militares. El caso incluso ha estado rodeado de controversia por la muerte de dos marinos vinculados con la investigación inicial, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles intentos de encubrimiento.
El gobierno federal afirmó que el acuerdo interinstitucional busca prevenir nuevos casos de contrabando y responder al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar un modelo de movilidad y fiscalización confiable. “El intercambio de información será crucial para garantizar la legalidad de las mercancías y cerrar la puerta a redes criminales”, señalaron las dependencias en un comunicado conjunto.
Con esta medida, el Ejecutivo apuesta por blindar las cadenas de suministro y reducir la corrupción en aduanas, uno de los puntos críticos señalados por organismos internacionales en materia de comercio y seguridad nacional.
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