La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quedó envuelta en una nueva polémica luego de que el presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, la acusó de haber cobrado como presunta “aviadora” en el Poder Legislativo. El señalamiento apunta a que la edil habría recibido más de 200 mil pesos como asesora legislativa sin acreditar funciones reales dentro del Congreso.
De acuerdo con la documentación presentada por Gaona García, Quiroz figuró en la nómina legislativa del 19 de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2025, adscrita al equipo del diputado petista Alejandro Bautista Tafolla. En ese periodo, habría recibido 282 mil 35 pesos brutos y 201 mil 501 pesos netos, recursos que ahora el Congreso buscaría recuperar mediante una investigación de la Contraloría Interna.
El presidente de la Mesa Directiva acusó que la alcaldesa cobró indebidamente y que no prestó servicios legislativos durante ese periodo. La polémica golpea directamente a Grecia Quiroz, quien primero negó haber trabajado en el Congreso y después admitió que sí lo hizo, aunque argumentó que realizaba labores de gestoría y atención ciudadana.
Gaona García rechazó esa explicación al señalar que dentro de la estructura administrativa legislativa no existe una figura de “gestoría territorial” para justificar el pago. Como parte de sus señalamientos, exhibió publicaciones de abril de 2025 en las que Quiroz aparece encabezando actividades públicas como presidenta honoraria del DIF Uruapan, mientras también cobraba en el Congreso.
El diputado Bautista Tafolla defendió la contratación y sostuvo que Quiroz sí realizaba actividades vinculadas al trabajo legislativo fuera del recinto. Sin embargo, la contradicción pública de la alcaldesa y los recibos de nómina exhibidos abrieron un nuevo frente político contra una figura que ya mantenía una confrontación con el Congreso de Michoacán.
El caso ocurre en medio de la disputa entre el Congreso y el llamado Movimiento del Sombrero, luego de las restricciones de acceso al recinto legislativo a integrantes de esa organización. Aun así, la acusación deja a Grecia Quiroz bajo presión pública: deberá aclarar si realmente trabajó por el salario recibido o si cobró recursos públicos sin cumplir funciones verificables.
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