Las empresas de Grupo Salinas concluyeron este 29 de enero de 2026 más de dos décadas de litigios fiscales con el Estado mexicano, tras acordar el pago de 32 mil 132 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El conglomerado, encabezado por Ricardo Benjamín Salinas Pliego, informó que el monto será cubierto en parcialidades.
El acuerdo pone fin a controversias legales iniciadas desde hace más de 20 años, que escalaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que, durante 2025, derivaron en resoluciones judiciales adversas para las empresas del grupo.
Según un comunicado firmado por Luciano Pascoe Rippey, director general de Noticias y Comunicación de Grupo Salinas, el pago se realiza “a pesar de estar en profundo desacuerdo” con los montos determinados por el SAT. El conglomerado aseguró que la decisión busca cerrar definitivamente el conflicto y dejar atrás lo que calificó como una campaña sistemática en su contra.
El SAT confirmó que 10 mil 400 millones de pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el 28 de enero, mientras que el resto —alrededor de 21 mil 700 millones de pesos— será cubierto mediante 18 pagos subsecuentes, conforme a la legislación fiscal vigente.
Grupo Salinas afirmó que, con este esquema, quedan totalmente saldados los adeudos reclamados por la autoridad fiscal, incluso más allá de los acuerdos planteados inicialmente en 2024. “A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”, sostuvo el consorcio empresarial
El monto final representa una reducción considerable frente a los 51 mil millones de pesos que el SAT había notificado formalmente el 15 de enero de 2026. La disminución se logró mediante beneficios previstos en el Código Fiscal de la Federación, que permiten ajustes de hasta 39 por ciento cuando el contribuyente manifiesta voluntad de pago en los plazos legales.
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó previamente que estos beneficios no son discrecionales, sino que se aplican conforme a la ley y a sentencias judiciales firmes. Grupo Salinas notificó su intención de pagar un día antes del vencimiento del plazo, lo que abrió el espacio legal para definir el alcance de las reducciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 26 de enero que el proceso se desarrollaba dentro del marco legal, subrayando que no se trataba de una negociación política, sino de la aplicación estricta de la norma fiscal.
El origen del conflicto se remonta a resoluciones del SAT emitidas entre 2013 y 2018, relacionadas con adeudos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. La autoridad fiscal determinó que las pérdidas fiscales utilizadas por el grupo eran improcedentes.
Entre 2019 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la validez de los créditos fiscales, y posteriormente, tribunales colegiados negaron los amparos promovidos por las empresas. En noviembre de 2025, la SCJN desechó por unanimidad la mayoría de los recursos presentados por Elektra y TV Azteca.
En su resolución, la ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que el SAT sí tiene facultades para auditar sociedades controladoras bajo el régimen de consolidación fiscal, criterio respaldado por la mayoría del pleno.
Durante el litigio, Salinas Pliego acusó reiteradamente al Gobierno Federal de una “persecución política”, postura que llevó al empresario a acudir en enero de 2026 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Grupo Salinas también cuestionó la integración actual de la SCJN tras la reforma judicial de 2024.
El Gobierno federal rechazó estas acusaciones. Sheinbaum Pardo insistió en que el caso se resolvió por la vía judicial y recordó que el pago de impuestos es una obligación constitucional, conforme al artículo 31 de la Carta Magna.
La mandataria subrayó que los recursos recuperados podrán destinarse a programas sociales, como pensiones y becas educativas, al tratarse de montos de alta relevancia para las finanzas públicas.
Grupo Salinas aseguró que en los últimos 20 años ha pagado más de 300 mil millones de pesos en impuestos, reiterando su compromiso con el país. No obstante, el caso se consolida como uno de los litigios fiscales más prolongados y cuantiosos en la historia reciente de México, y sienta precedentes sobre las facultades del SAT y el uso de la consolidación fiscal.
Con el primer pago ya realizado y el calendario de parcialidades definido, el conflicto fiscal queda formalmente cerrado, marcando el fin de un largo enfrentamiento entre uno de los grupos empresariales más poderosos del país y la autoridad hacendaria.
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