El Gobierno federal reveló este viernes que Grupo Salinas, consorcio propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, acumula un adeudo fiscal de 48 mil 382 millones de pesos, producto de lo que autoridades califican como un “abuso sistemático” de la figura de consolidación fiscal.
Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, presentó la ponencia “Historia de impuestos no pagados por un grupo empresarial”, donde expuso que el conglomerado ha mantenido 17 años sin regularizar su situación fiscal, a pesar de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha ganado la mayoría de los litigios en primera y segunda instancia. Explicó Galeano:
“Estos nueve casos muestran un patrón de abuso de la figura de consolidación fiscal. Per se no era mala, tenía un buen objetivo, pero se abusó de ella”.
Galeano también criticó la estrategia jurídica del consorcio:
“Las acciones de litigio de este grupo han sido muy agresivas y por eso nos han llevado tantos años. Vamos a esperar una resolución firme de la Suprema Corte”.
De acuerdo con la funcionaria, los adeudos provienen de nueve créditos fiscales relacionados con pérdidas infladas, fusiones y divisiones de empresas para generar pérdidas artificiales, deducciones indebidas y cálculo incorrecto de costos de adquisición de acciones.
El caso más grande asciende a 24 mil 968 millones de pesos por no devolver pérdidas utilizadas para pagar menos impuestos en los ejercicios 2008, 2010, 2011 y 2012. Otros adeudos van desde los 67 millones hasta los 7 mil 501 millones de pesos, todos en espera de que la Suprema Corte confirme su exigibilidad.
La procuradora enfatizó que no se trata de una persecución política, sino de la aplicación estricta de la ley, en sintonía con lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado: no habrá negociación “en lo oscurito” ni condonaciones fiscales.
Con su exposición, Grisel Galeano se coloca al frente de uno de los casos fiscales más relevantes de la administración federal, subrayando el mensaje de que ningún grupo empresarial está por encima de la ley.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será clave para definir si el fisco puede exigir el pago inmediato de los créditos, lo que representaría uno de los cobros más grandes en la historia reciente para un grupo empresarial.
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