El Gobierno de México extraditó a Estados Unidos a 26 líderes criminales vinculados a cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes, pese a estar encarcelados en penales de máxima seguridad, continuaban dirigiendo secuestros, extorsiones, homicidios y redes de corrupción desde prisión.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los internos habían conseguido resoluciones judiciales para ser trasladados a penales de menor seguridad, lo que facilitaba sus operaciones criminales y aumentaba el riesgo de fuga. Algunos incluso buscaban su liberación anticipada. Harfuch subrayó que la medida fue soberana y no a petición de Washington:
“Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad, conforme a la Ley de Seguridad Nacional y con determinación del Consejo de Seguridad Nacional”.
Los capos enfrentan en EE.UU. acusaciones por narcotráfico, homicidio, tráfico de personas, delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos con armas de fuego. El acuerdo de entrega incluye el compromiso de que no se les aplicará la pena de muerte.
El operativo movilizó a 988 elementos del Gabinete de Seguridad, 90 vehículos y 12 aeronaves de la Sedena, Marina y Guardia Nacional. Los reos fueron trasladados desde la Base Aérea Militar No. 1 hacia aeropuertos en Nueva York, San Diego, Phoenix y Washington D.C.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, precisó que la entrega se realizó conforme a la Constitución y la Convención de Palermo, sin acuerdos ocultos con el Departamento de Justicia estadounidense.
Según Harfuch, el traslado busca romper las cadenas de mando criminal que operaban desde los centros penitenciarios mexicanos:
“Al sacarlos del país, no podrán seguir operando contra la sociedad mexicana”.
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