El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República analizar una eventual solicitud de extradición de Ismael “El Mayo” Zambada. El planteamiento surgió después de que el cofundador del Cártel de Sinaloa manifestara su intención de cumplir en México parte de la condena que enfrenta en Estados Unidos.
García Harfuch explicó que el Gabinete de Seguridad federal no tiene facultades para decidir el posible traslado del narcotraficante. En caso de que la FGR determinara iniciar el procedimiento, la solicitud tendría que tramitarse mediante los mecanismos de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, además de quedar sujeta a la respuesta de las autoridades competentes de ambos países.
Sobre los recursos relacionados con Zambada, el funcionario precisó que hasta el momento no se han asegurado cuentas, propiedades o inmuebles registrados directamente a nombre de “El Mayo”. Sin embargo, indicó que las autoridades sí han identificado y bloqueado activos vinculados con organizaciones criminales, como parte de las acciones destinadas a disminuir su capacidad económica y operativa.
El titular de la SSPC agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado una cantidad considerable de cuentas bancarias relacionadas con grupos delictivos, además de colaborar en la localización y aseguramiento de propiedades utilizadas para actividades ilícitas. También sostuvo que las instituciones del Gabinete de Seguridad realizan operaciones permanentes contra distintas estructuras criminales, incluido el Cártel de Sinaloa.
De las investigaciones financieras a los operativos contra redes criminales
Al presentar los resultados obtenidos en el Estado de México, García Harfuch destacó el Operativo Enjambre, investigación enfocada en funcionarios públicos señalados por colaborar o brindar protección a organizaciones delictivas. Según el balance presentado, estas acciones permitieron detener a 60 personas y obtener 16 sentencias condenatorias contra 22 servidores públicos.
Entre las personas investigadas y detenidas se encuentran presidentes municipales, directores de Seguridad Pública y otros funcionarios locales presuntamente vinculados con grupos criminales. Harfuch explicó que las investigaciones también permitieron desarticular redes relacionadas con la extorsión contra comerciantes, productores y habitantes de distintos municipios mexiquenses.
El secretario informó que, mediante el Mando Unificado Oriente y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, 3 mil 300 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y junio de 2026. En ese periodo también fueron asegurados más de mil 300 kilogramos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos en los 15 municipios considerados prioritarios.
Finalmente, García Harfuch reportó el retiro de más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas en 84 municipios del Estado de México, debido a que eran utilizadas como fuentes de financiamiento, extorsión y lavado de dinero. Las autoridades estimaron que estos dispositivos podían generar hasta 600 millones de pesos y también representar espacios de riesgo para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
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