La detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de la célula criminal La Barredora, ha encendido un intenso debate político y judicial. Capturado el pasado 12 de septiembre en Asunción, Paraguay, Bermúdez enfrenta acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, pero asegura que es objeto de una persecución política orquestada en su contra.
Bermúdez, conocido como El Abuelo o Comandante H, promovió antes de su captura un amparo federal para frenar el aseguramiento de su casa en Villahermosa, realizado por la Fiscalía General de Justicia de Tabasco el 1 de agosto. En su escrito, afirmó que las autoridades lo habían “injustamente relacionado” con La Barredora y que su familia había sido víctima de hostigamiento.
Aunque un juez de Distrito le otorgó una suspensión provisional para evitar daños al inmueble, el Tribunal Colegiado en materia Penal de Tabasco confirmó el 9 de septiembre que el aseguramiento debía mantenerse como parte de una técnica de investigación.
Su detención en Sudamérica fue resultado de una operación coordinada entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y el Centro Nacional de Inteligencia de México. Las autoridades paraguayas detallaron que Bermúdez había salido primero a Panamá, luego a Brasil e ingresó de forma irregular a Paraguay, donde se ocultaba en una residencia de la zona metropolitana de Asunción.
Jalil Rachid, titular de la Senad, advirtió que existían indicios de que Bermúdez intentaba instalar una red criminal en Paraguay, e incluso su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, había sido detenido meses antes en ese país.
Ahora, el exfuncionario enfrenta un proceso de extradición que podría prolongarse varios meses. Bermúdez ha rechazado allanarse a la entrega inmediata a México y argumenta que en su país no existen condiciones de imparcialidad para ser juzgado.
Mientras la Fiscalía de Tabasco sostiene que Bermúdez encabezaba La Barredora con nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su defensa insiste en que las acusaciones forman parte de un cálculo político para desacreditarlo. El caso, que combina una compleja investigación criminal con un fuerte componente político, mantiene la atención de las autoridades mexicanas y paraguayas.
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