Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) exige públicamente un Poder Judicial libre de injerencias políticas, sus acciones en varios estados del país parecen contradecir esa postura. En entidades gobernadas por panistas como Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán, se han tomado decisiones que benefician a perfiles cercanos a los gobiernos locales, lo que ha generado serios cuestionamientos sobre la independencia y legalidad de estos procesos.
El contraste entre el discurso nacional y las decisiones locales ha generado acusaciones de doble discurso y oportunismo político. Desde la oposición, el PAN ha sido uno de los partidos más críticos hacia Morena, a quien señala por tratar de «capturar» al Poder Judicial. Sin embargo, en sus propios gobiernos estatales ha impulsado perfiles polémicos y reformas que fortalecen su control sobre los tribunales.
Uno de los casos más representativos ocurrió recientemente en Aguascalientes, donde la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota. Su elección generó controversia, ya que no fue la más votada en el proceso interno, y su cercanía con la actual gobernadora panista, Teresa Jiménez, ha despertado dudas sobre la imparcialidad del nombramiento. Ocampo Vázquez ocupaba hasta hace poco un alto cargo dentro del propio gobierno estatal, lo cual refuerza los señalamientos de conflicto de interés.
El caso de Yucatán también ha sido foco de atención. Durante la gestión del exgobernador Mauricio Vila, el Congreso local —de mayoría panista— aprobó una reforma que extendió el mandato de seis magistrados hasta por 17 años, mucho más allá de los plazos establecidos en la Constitución federal. A pesar de la impugnación presentada por el gobierno federal, la Suprema Corte validó la medida. No obstante, diversos juristas han calificado la reforma como inconstitucional y desproporcionada, al considerar que prolonga innecesariamente el poder judicial alineado al panismo.
En Chihuahua, la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván impulsó la llegada de personas cercanas a su administración al frente del Poder Judicial. Entre ellos se encuentra Marcela Herrera Sandoval, quien formó parte de su equipo de trabajo, y Francisco Javier Acosta Molina, militante panista desde 2019. Ambos nombramientos fueron considerados por especialistas como ejemplos claros de politización de la justicia estatal.
Estas acciones reflejan una profunda incongruencia entre el discurso del PAN y su práctica política. Mientras levanta la voz en defensa de un Poder Judicial autónomo, en los hechos utiliza su poder en los estados para intervenir en las estructuras judiciales, asegurando la permanencia de perfiles afines a sus intereses. Más allá de las narrativas políticas, lo que queda claro es que el PAN no ha sido coherente con los principios que dice defender.
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