La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que cuatro ex servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por incurrir en faltas administrativas graves.
Las resoluciones fueron emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control en ambas instituciones. La dependencia subrayó que los expedientes fueron integrados con apego a derecho y sustentados en evidencia documental.
En el caso del SAT, se acreditó que un ex funcionario utilizó de manera irregular datos personales de contribuyentes para asignar citas fuera del sistema oficial. Por estos hechos, Víctor R., ex subadministrador de Servicios al Contribuyente, fue inhabilitado por un año para desempeñar cargos en el servicio público.
Respecto al Banco del Bienestar, las investigaciones detectaron irregularidades cometidas por tres ex servidores públicos. Dos de ellos participaron en el retiro de recursos sin autorización de las personas cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos.
Otro de los implicados incurrió en la realización de conciliaciones con información no verídica, una práctica que vulnera los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de la institución financiera pública.
Las sanciones más severas fueron impuestas a Juan D., Orlando P. y Marco M., ex trabajadores del Banco del Bienestar, quienes recibieron inhabilitaciones por 10 años y multas que van de 25 mil a 250 mil pesos.
La Secretaría de Anticorrupción señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, aunque sostuvo que defenderá los expedientes con la misma firmeza con que fueron investigados, anteponiendo el interés público.
“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, afirmó la dependencia, al reiterar su llamado a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción en las instituciones del Estado.
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