El avance de una iniciativa ciudadana de ley para prevenir los despojos de inmuebles en la capital del país ha colocado en el centro del debate un fenómeno que va más allá de litigios irregulares o fraudes procesales: la gentrificación acelerada de zonas populares, especialmente en el Centro Histórico y corredores con alto valor inmobiliario, donde el desalojo de familias de bajos ingresos se ha convertido en la antesala de la especulación urbana.
Impulsada por vecinas y vecinos afectados por desalojos irregulares —como el caso del inmueble de República de Cuba 11—, la propuesta busca cerrar los vacíos legales que permiten que el despojo se disfrace de “desalojo legal”, muchas veces con documentos apócrifos, juicios simulados y redes de corrupción que involucran despachos privados y operadores inmobiliarios.
La iniciativa plantea reformas al marco civil, penal y registral de la Ciudad de México para tipificar con mayor claridad el despojo, fortalecer las obligaciones del Poder Judicial y establecer mecanismos de protección social para las personas afectadas, incluyendo alternativas de vivienda digna.
Despojo y gentrificación: el mismo negocio, distintos rostros
Aunque el discurso oficial suele presentar los despojos como conflictos entre particulares, organizaciones vecinales advierten que, en los hechos, muchos de estos casos están vinculados a procesos de gentrificación, donde inmuebles habitados por décadas son liberados para reconvertirse en viviendas de lujo, alojamientos temporales o proyectos turísticos.
Colonias tradicionales del Centro Histórico, la Roma, la Juárez o la Doctores han vivido una presión constante del mercado inmobiliario, mientras que familias sin acceso a defensa legal efectiva enfrentan desalojos que terminan expulsándolas de la ciudad o confinándolas a la periferia. En este contexto, la iniciativa ciudadana subraya que el despojo no es solo un delito patrimonial, sino un mecanismo de desplazamiento social.
Los promoventes advierten que, sin una intervención legislativa de fondo, la ciudad corre el riesgo de consolidar un modelo urbano excluyente, donde el derecho a la vivienda queda subordinado a la rentabilidad del suelo.
El contraste con la política federal de vivienda asequible
El debate local contrasta con la política de vivienda impulsada a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha colocado la vivienda asequible y bien ubicada como un eje central del nuevo modelo de desarrollo urbano. A través de programas de construcción de vivienda social, recuperación de suelo público y fortalecimiento de organismos como el Infonavit y la Conavi, el gobierno federal ha planteado frenar la especulación y garantizar que las familias trabajadoras puedan vivir cerca de sus centros de empleo.
Mientras la iniciativa ciudadana en la CDMX busca detener el despojo y el desplazamiento, la política federal apuesta por incrementar la oferta de vivienda accesible, reducir la dependencia del mercado privado y recuperar el papel del Estado como garante del derecho constitucional a la vivienda.
Para especialistas y colectivos urbanos, ambos enfoques deberían converger: prevenir los despojos y, al mismo tiempo, ampliar la vivienda pública y social, como única vía para enfrentar la gentrificación sin criminalizar a las víctimas ni normalizar la expulsión silenciosa de los sectores populares.
En ese cruce entre ciudad, mercado y derechos humanos, la iniciativa ciudadana contra el despojo se perfila no solo como una reforma legal, sino como una disputa por el modelo de ciudad que se construirá en los próximos años.
