La Secretaría de Seguridad de Jalisco inició una investigación interna contra dos policías estatales por su presunta participación en agresiones contra manifestantes que exigían agua limpia en Guadalajara. La indagatoria comenzó después de que personas detenidas y sus familiares denunciaron golpes, amenazas, incomunicación y posibles actos de tortura durante la movilización del domingo 11 de octubre. Los agentes acudieron este miércoles 14 de octubre al área de Asuntos Internos, mientras las autoridades reúnen elementos para determinar posibles responsabilidades.
Las denuncias surgieron tras la difusión de videos que muestran a policías utilizando gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar la protesta. Familiares de los detenidos aseguraron que varios agentes golpearon a manifestantes en la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo. Iván Salazar, uno de los participantes que recuperó su libertad, relató: “Me golpearon, pero hay otro manifestante que sigue detenido al que le tumbaron tres dientes y le rompieron otros”. Los testimonios también señalan que algunas personas permanecieron incomunicadas durante horas.
Denuncian irregularidades en las detenciones y exigen investigar posibles torturas
Los familiares acusaron a las autoridades de ocultar información sobre el paradero de los detenidos, trasladarlos a Casa Jalisco y posteriormente al penal de Puente Grande, además de obstaculizar el acceso a sus abogados particulares. Estas acusaciones deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes. Por ahora, la comparecencia de los dos policías ante Asuntos Internos no constituye una sanción, y las diligencias podrían extenderse a otros agentes conforme avance la revisión de videos y testimonios.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió una investigación exhaustiva para establecer si los manifestantes sufrieron tortura y señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe intervenir en el esclarecimiento de los hechos. “No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco”, declaró durante su conferencia matutina del 14 de octubre. Por su parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció errores en la actuación de las autoridades estatales y solicitó investigar las responsabilidades para aplicar las sanciones que correspondan. Las denuncias mantienen abierta la exigencia de esclarecer las agresiones y garantizar los derechos de quienes participaron en la protesta.
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