El Gobierno de Jalisco reportó 10 personas detenidas tras la segunda manifestación por agua limpia en Guadalajara, realizada el domingo 18 de octubre, en medio de las exigencias ciudadanas por la mala calidad del suministro. La jornada terminó con destrozos en edificios públicos, daños a comercios y enfrentamientos que dejaron 15 elementos de seguridad lesionados, según los reportes oficiales.
El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que cinco de las personas detenidas presuntamente lanzaron bombas molotov y provocaron incendios en los accesos del Palacio Legislativo y el Palacio de Justicia. Las autoridades pusieron a los detenidos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones.
Zamora también señaló que otros manifestantes entregaron a la Policía de Guadalajara a las personas que, según su versión, lanzaron petardos y causaron destrozos durante la protesta.
Los servicios de emergencia atendieron a seis civiles; dos necesitaron atención hospitalaria, de acuerdo con el reporte difundido por las autoridades.
CNDH pide investigar posibles infiltraciones
El gobernador Pablo Lemus condenó los actos violentos y afirmó que las autoridades no permitirán que grupos provoquen daños en edificios históricos ni confrontaciones con la policía. En un mensaje público, sostuvo: “No podemos abrirle las puertas de Jalisco a los violentos”.
Lemus atribuyó los disturbios a intereses políticos, aunque esa interpretación corresponde a la postura del mandatario. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó sospechas sobre la posible presencia de infiltrados y señaló que revisará las circunstancias de las detenciones.
El organismo también ha cuestionado la falta de información sobre los casos de la primera marcha, celebrada el 11 de octubre, y las presuntas irregularidades en el actuar policial. Estas observaciones mantienen abierta la discusión sobre la actuación de las autoridades y el respeto a los derechos de quienes se manifiestan.
El reclamo por el agua sigue sin resolverse
La protesta reunió a miles de personas que exigen agua limpia y un suministro confiable en sus hogares. De acuerdo con cifras de la Comisión Estatal del Agua citadas por EFE, alrededor de 15 por ciento de las colonias atendidas por el organismo ha enfrentado falta total del servicio, lo que representa entre 240 y 270 demarcaciones.
Vecinos y organizaciones civiles también han reportado preocupaciones por la calidad del agua, incluidas posibles deficiencias de cloración y presencia de contaminantes. Algunos grupos han solicitado una alerta sanitaria.
Mientras avanzan las investigaciones por los disturbios y las detenciones, la exigencia de la población por agua segura continúa en el centro del conflicto. Las autoridades deberán atender tanto las responsabilidades por los actos violentos como las demandas relacionadas con un servicio esencial para la salud pública.
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