Este martes se definirá la situación jurídica del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien enfrenta una nueva acusación por el delito de peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos que estaban destinados a obras y servicios de salud en beneficio de niños y adultos mayores en 2012. La resolución estará a cargo del juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, en una audiencia programada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde se determinará si existen elementos suficientes para vincularlo formalmente a proceso.
La acusación es impulsada por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, área adscrita a la Fiscalía General de la República, que no solo busca que el ex mandatario enfrente juicio, sino que además ha solicitado una pena de hasta 21 años de prisión en caso de que se acredite su responsabilidad. De avanzar el proceso, Duarte permanecería bajo la medida de prisión preventiva justificada mientras se desarrollan las siguientes etapas judiciales, lo que podría prolongar su estancia en la cárcel cuando está próximo a cumplir una sentencia previa de nueve años.
Durante la audiencia inicial, que se extendió por varias horas, el Ministerio Público presentó 38 datos de prueba, entre ellos registros financieros y movimientos bancarios que, según la investigación, evidencian que recursos federales transferidos al gobierno de Veracruz no fueron aplicados en su totalidad al fin para el que estaban etiquetados. De acuerdo con la imputación, en 2012 la Tesorería de la Federación transfirió 10 millones de pesos destinados a proyectos de infraestructura y servicios para sectores vulnerables; sin embargo, la Fiscalía sostiene que únicamente la mitad de esos fondos se utilizó conforme al objetivo original, mientras que el resto habría sido redirigido a cubrir otros compromisos financieros del estado, como pago de nómina y obligaciones administrativas.
El expediente que hoy se analiza deriva de denuncias presentadas desde 2016 por presuntos desvíos de recursos federales en distintas áreas durante la administración estatal encabezada por Duarte. Las investigaciones apuntan a un esquema en el que los fondos etiquetados eran mezclados con otras partidas presupuestales, lo que, según la acusación, permitió su uso en fines distintos a los autorizados. Entre los testimonios integrados a la carpeta figura el del ex tesorero estatal Antonio Tarek Abdalá, quien describió la dinámica financiera bajo la cual se administraban los recursos públicos para solventar diversas obligaciones del gobierno veracruzano.
Por su parte, el ex gobernador rechazó los señalamientos ante el juez y sostuvo que no tenía a su cargo la operación directa de las finanzas estatales, argumentando que su función como titular del Ejecutivo no implicaba ejecutar transferencias o autorizar movimientos específicos de cuentas bancarias. Además, defendió que las decisiones adoptadas durante su administración se realizaron conforme al marco jurídico estatal y cuestionó la consistencia legal de la imputación. Duarte también expresó que, a su consideración, el nuevo proceso forma parte de una estrategia para evitar que recupere su libertad una vez que concluya la sentencia que actualmente compurga.
La defensa intentó frenar el avance del procedimiento señalando que este delito no estaba contemplado dentro de los términos bajo los cuales fue extraditado desde Guatemala; sin embargo, el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar con el análisis del caso y resolver en esta etapa procesal si procede o no la vinculación. El juzgador precisó que su determinación se basará estrictamente en la valoración jurídica de los datos de prueba expuestos por ambas partes.
La decisión que se emita este martes será determinante, ya que podría abrir un nuevo proceso penal contra el ex mandatario veracruzano y extender su permanencia en prisión, en un contexto en el que su situación legal vuelve a colocarse en el centro del debate público sobre el combate a la corrupción y el destino de los recursos federales destinados a sectores vulnerables.
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