Este 19 de noviembre, una jueza federal podría definir si Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz y símbolo de corrupción e impunidad política, recupera la libertad anticipada. La defensa alega que ha cumplido más del 95 por ciento de su condena por lavado de dinero y asociación delictuosa, que mantiene buena conducta y que no existe ningún proceso judicial vigente en su contra. La Fiscalía General de la República sostiene lo contrario: liberar a Duarte sería una afrenta en uno de los casos más graves de desvío de recursos públicos registrados en el país y debilitaría el precedente del combate a la corrupción en los niveles estatales.
Duarte fue detenido en 2017 en Guatemala, aceptó su culpabilidad mediante un juicio abreviado y recibió la pena mínima: nueve años de prisión, sin obligación de reparar el daño ni enfrentar un juicio público. Esa negociación permitió evitar la exposición de una red de corrupción que, según la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, habría desviado más de 60 mil millones de pesos mediante empresas fantasma y triangulaciones financieras. A lo largo de estos años, 25 exfuncionarios han sido vinculados a esos hechos, pero solo uno permanece en prisión. Amparos, recursos legales, enfermedades prematuras y criterios de oportunidad han sostenido una estructura de impunidad que hoy llega a su punto de mayor tensión.
Los pendientes que no llegaron a juicio
El expediente judicial de Duarte fue limitado al ámbito financiero, pero organizaciones civiles sostienen que la dimensión real de su gobierno se extiende al terreno de los derechos humanos. Durante su administración, se crearon los primeros colectivos de búsqueda en Veracruz y se registraron más de 3 mil 600 desapariciones. Las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, Arbolillo o La Guapota siguen activas y forman parte de la evidencia de una maquinaria represiva que operó desde el Estado. Aunque en 2023 se presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada sistemática, esa vía internacional es la única que sigue abierta.
Madres buscadoras denuncian que Duarte nunca fue llamado a declarar por la cadena de mando que habría permitido el uso de fuerzas policiales para detener, desaparecer o torturar a personas consideradas sospechosas. A su gobierno se atribuye la creación de grupos de élite dentro de la Secretaría de Seguridad Pública que operaban sin órdenes judiciales y que, como quedó documentado, ingresaban a domicilios para capturar jóvenes y desaparecerlos. La mayoría de esos expedientes siguen abiertos sin responsables, y quienes estuvieron al mando enfrentan sus procesos en libertad.
El juicio que no ocurrió
Para sus críticos, el juicio abreviado fue la puerta de salida del verdadero expediente que el país nunca vio. Investigaciones recientes han documentado más de 400 empresas fantasma vinculadas a su gobierno, y existen indicios de nuevos desvíos que no fueron integrados en las denuncias originales. Duarte ha sostenido que nunca se le acusó por robo al erario y que su caso es político. En audiencia, declaró estar listo para reinsertarse en la sociedad. Para las víctimas, en cambio, la justicia aún no ha comenzado. Sostienen que detrás de los números hay vidas ausentes, familias rotas y una verdad que no ha sido contada ante un tribunal.
La posible liberación de Duarte no solo pondrá fin a su reclusión: pondrá a prueba la capacidad del Estado mexicano para responder frente al abuso de poder. Lo que se decida este 19 de noviembre será más que una resolución judicial. Será la definición de si la memoria de las víctimas tiene lugar en la justicia mexicana —o si la impunidad puede ser administrada como parte del sistema.
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