Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron por 61 votos a favor y cero en contra la reforma constitucional que establece la jornada laboral máxima de 40 horas semanales, con lo que el dictamen quedó listo para su discusión y votación en el Pleno de San Lázaro en los próximos días.
El proyecto, enviado previamente por el Senado, fue avalado sin modificaciones y plantea una transición gradual para reducir la jornada laboral sin afectar salarios ni prestaciones, además de fijar nuevos límites al tiempo extraordinario y prohibir que menores de 18 años trabajen horas extra.
La reforma prevé que la reducción de la jornada se aplique de manera progresiva a partir del 1 de enero de 2027, con una disminución de dos horas por año, hasta alcanzar en 2030 el máximo constitucional de 40 horas semanales, garantizando al menos un día de descanso obligatorio.
Al tratarse de un cambio a la Constitución, el dictamen deberá ser aprobado por mayoría calificada en el Pleno y, posteriormente, por al menos 17 congresos estatales. Una vez declarada su validez, el Congreso tendrá 90 días para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Federal del Trabajo.
Entre los puntos clave aprobados en comisiones destacan:
- Límite constitucional de 40 horas semanales, con al menos un día de descanso.
- Aplicación gradual, conforme a estándares internacionales.
- Protección salarial, al prohibir la reducción de ingresos o prestaciones durante la transición.
- Nuevo tope al tiempo extra, con un máximo de 12 horas semanales y un límite de cuatro horas pagadas al triple.
- Prohibición de horas extra para menores de edad.
En el caso del tiempo extraordinario, se mantiene su carácter voluntario y excepcional, por lo que sólo podrá aplicarse en circunstancias específicas y de común acuerdo entre trabajador y empleador.
Oposición cuestiona alcances
Durante la discusión, legisladores de oposición respaldaron el objetivo de reducir la jornada, pero advirtieron inconsistencias en el diseño de la minuta.
La diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, criticó que el dictamen no establezca de manera explícita dos días de descanso por semana, como lo proponían diversas iniciativas. Señaló que dejar esa posibilidad a la negociación podría generar desigualdades y mantener esquemas laborales que afectan la calidad de vida.
En la misma línea, la panista Noemí Luna advirtió que, aunque la reducción a 40 horas es una causa legítima, mantener seis días laborales y ampliar el tope de horas extra de nueve a 12 podría desvirtuar el objetivo de la reforma.
Desde el PRI, el diputado César Alejandro Domínguez expresó preocupación por el impacto económico en micro, pequeñas y medianas empresas, que —dijo— enfrentarían incrementos de entre 15% y 25% en costos laborales. Planteó la necesidad de incentivos fiscales temporales y programas diferenciados por sector para evitar afectaciones al empleo y la productividad.
Con el aval en comisiones, el dictamen sólo requiere la declaratoria de publicidad para ser votado en el Pleno de la Cámara de Diputados esta misma semana. De aprobarse, la reforma marcaría uno de los cambios laborales más relevantes de las últimas décadas, al modificar directamente el texto constitucional para acotar la jornada máxima de trabajo en México.
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