A casi nueve años de los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Arantepacua, un juez de Control autorizó la emisión de 16 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios estatales y elementos policiales, entre ellos el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), las órdenes judiciales derivan de su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con el operativo del 5 de abril de 2017 en el municipio de Nahuatzen, donde murieron cuatro pobladores y al menos una decena más resultó lesionada.
La dependencia estatal, encabezada por Carlos Torres Piña, integró una carpeta de investigación con nuevos elementos probatorios que, a consideración del juez, resultaron suficientes para proceder contra los exmandos y 14 policías estatales que participaron directamente en la incursión.
El expediente señala que el despliegue de fuerzas públicas en la Meseta Purépecha derivó en un uso excesivo de la fuerza, situación que previamente había sido documentada por organismos de derechos humanos mediante diversas recomendaciones.
Las indagatorias buscan establecer no solo la actuación de los agentes en campo, sino también la cadena de mando que habría autorizado el operativo. En ese contexto, las autoridades apuntan a decisiones tomadas desde los niveles más altos del gobierno estatal en aquel periodo.
Hasta el momento, no se ha confirmado la ejecución de las órdenes de aprehensión. Las autoridades informaron que continúan los trabajos de localización de los 16 implicados, mientras se alistan las audiencias iniciales conforme se concreten las capturas.
El caso Arantepacua se mantiene como uno de los expedientes más relevantes en materia de violaciones a derechos humanos en Michoacán, y su judicialización marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para las víctimas.
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