Un juez de control desechó el delito de terrorismo imputado al periodista veracruzano Rafael León Segovia, al considerar que la Fiscalía General del Estado (FGE) no presentó pruebas suficientes para sostener esa acusación. La resolución fue emitida el 30 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos, Veracruz.
El comunicador había sido detenido por elementos del Ejército el 24 de diciembre, y tras la audiencia abandonó el Centro Integral de Justicia. No obstante, el juez determinó que continuará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria, debido a otros delitos que siguen en investigación.
El juez José Guadalupe Nucamendi Albores resolvió vincular a proceso a León Segovia por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, pero descartó la acusación de terrorismo al no acreditarse los elementos del tipo penal. Aun así, negó la solicitud de libertad absoluta presentada por la defensa, argumentando la necesidad de garantizar su comparecencia ante la justicia.
La FGE, encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, sustentó su acusación en una investigación iniciada en 2023. Según lo expuesto en audiencia, en el teléfono de un presunto integrante del crimen organizado se halló una conversación donde León Segovia —conocido como “Lafita”— habría recibido pagos para difundir información violenta en su página Noticias con Lafita León, presuntamente bajo instrucciones criminales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó públicamente el uso del delito de terrorismo por parte de la fiscalía veracruzana. “No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo; tendría que explicarlo”, afirmó el 29 de diciembre, al tiempo que subrayó que la libertad de expresión debe estar por encima de todo. En la misma línea, la organización Artículo 19 calificó la imputación como un intento de criminalizar la labor periodística y el manejo de fuentes.
Por su parte, Gardiel Josué León Oropeza, hijo del comunicador, informó que su padre tiene 62 años y padece hipertensión, condición que se agravó durante su reclusión. Además, señaló que la Fiscalía busca juzgarlo por presuntamente generar pánico social a través de sus publicaciones digitales.
El caso generó movilizaciones del gremio periodístico local, que se manifestó frente al recinto judicial bajo la consigna de que cubrir nota roja no es un delito. El proceso ocurre en un contexto adverso para la prensa, ya que Veracruz encabezó en 2025 los registros de acoso judicial contra periodistas, de acuerdo con Artículo 19.
El proceso legal continuará por los delitos que permanecen vigentes, mientras León Segovia permanece bajo resguardo domiciliario, a la espera de las siguientes etapas judiciales.
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Fotografía: Redes
