Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, negó a la Fiscalía General de la República (FGR) la orden de aprehensión contra cuatro personas señaladas como integrantes de una red criminal dedicada a la delincuencia organizada, huachicol y tráfico de armas, en la que también estaría implicado Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, quien busca acogerse a la figura de testigo protegido.
La resolución judicial se dio luego de que el juzgador consideró que los datos aportados por el Ministerio Público federal dentro de la causa penal 495/2025 no resultan suficientes para acreditar, de manera preliminar, la probable responsabilidad de los imputados. No obstante, la FGR aún tiene la posibilidad de impugnar la determinación ante un Tribunal Colegiado de Apelación.
Las personas a quienes se les negó la orden de captura son Paul Manrique Miranda, alias Paul o El Comandante; Jeny Guzmán Cintora, esposa de Jacobo Reyes León, alias Yaicob, presunto líder de la organización criminal; Diego Adrián Mendoza Pérez, exservidor público de la FGR; y Jorge Alberto Gallegos Díaz, alias Gallegos.
De acuerdo con el expediente, Paul Manrique Miranda habría fungido como intermediario entre autoridades y el líder del grupo delictivo para evitar cateos y frenar investigaciones, a cambio de pagos mensuales. Sin embargo, el juez subrayó que las referencias contenidas en intervenciones telefónicas carecen de corroboración con datos de prueba objetivos, y que no se acreditaron los supuestos pagos ni sus montos.
En el caso de Diego Adrián Mendoza Pérez, la FGR lo señaló como auxiliar de una funcionaria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), actualmente detenida, y como presunto “halcón” durante reuniones con Yaicob. El juzgador concluyó que los señalamientos se basan en referencias aisladas y que no existen elementos que demuestren su intervención directa ni un rol específico dentro de la organización.
Respecto a Jeny Guzmán Cintora, la fiscalía la ubicó como operadora financiera y presunta prestanombres del grupo criminal, al manejar cuentas bancarias vinculadas a la venta ilícita de hidrocarburos y a empresas de seguridad. No obstante, el juez determinó que la sola existencia de documentos corporativos, como el acta constitutiva de la empresa RG MEGA ADDIT, no acredita por sí misma actividades de lavado de dinero ni su participación directa en conductas delictivas.
Finalmente, sobre Jorge Alberto Gallegos Díaz, a quien se le atribuyó un papel directivo y la inyección de capital para la importación ilegal de combustible desde Guatemala y Estados Unidos, la autoridad judicial sostuvo que no se acreditaron cuentas bancarias, movimientos financieros ni el flujo de recursos que supuestamente aportaba a la organización.
Con esta resolución, el juez concluyó que, hasta este momento procesal, no existen datos de prueba eficaces y suficientes para librar órdenes de aprehensión contra los cuatro señalados, aunque dejó abierta la puerta para que la FGR refuerce su investigación y recurra la decisión.
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