La Embajada de Venezuela en México habría sido utilizada como pieza clave para el traslado de ganancias del narcotráfico, de acuerdo con el escrito de procesamiento presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el que se acusa al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a altos funcionarios de su gobierno de encabezar una red internacional de tráfico de drogas.
Según la acusación, México no solo fungió como ruta de tránsito de cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos, sino también como centro logístico y financiero para el movimiento de recursos ilícitos atribuidos a Maduro, miembros de su familia y figuras del régimen.
El documento judicial señala que Maduro enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. La fiscalía estadounidense sostiene que, al igual que durante el gobierno de Hugo Chávez, se consolidó en Venezuela una estructura de corrupción en la que funcionarios civiles y militares brindaban protección a organizaciones criminales a cambio de beneficios económicos.
De manera específica, el expediente detalla que entre 2006 y 2008, periodo en el que Maduro se desempeñaba como canciller, se habrían vendido pasaportes diplomáticos a personas identificadas como narcotraficantes, con el fin de facilitar el traslado de dinero proveniente del narcotráfico desde México hacia Venezuela bajo cobertura diplomática.
La fiscalía describe un mecanismo en el que Maduro habría instruido a la Embajada de Venezuela en México para coordinar la llegada de aviones privados catalogados como misiones diplomáticas. Mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador venezolano, los aviones eran cargados con dinero en efectivo y posteriormente regresaban a Venezuela sin ser sometidos a inspecciones por autoridades civiles o militares.
El expediente también vincula a organizaciones criminales mexicanas como Los Zetas —hoy Cártel del Noreste— y el Cártel de Sinaloa con el envío de toneladas de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos. Estas operaciones, de acuerdo con la justicia estadounidense, contaron durante años con la protección de altos funcionarios y mandos militares venezolanos.
Además de Maduro, el documento menciona la presunta participación de figuras cercanas al poder como Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra. Asimismo, sostiene que desde 1999 líderes venezolanos mantuvieron alianzas con grupos armados y criminales como las FARC, el ELN, el Tren de Aragua y cárteles mexicanos, en una estructura multinacional con presencia en Colombia, Centroamérica y territorio estadounidense.
La fiscalía asegura que esta colaboración fue más allá de la protección ocasional y derivó en la institucionalización del uso de recursos del Estado venezolano para el narcotráfico. Sobornos millonarios, venta de documentos oficiales y cobertura diplomática habrían sido parte de un esquema sistemático que convirtió a Venezuela en una de las principales plataformas del narcotráfico a nivel internacional.
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