La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la actuación de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras las denuncias sobre presuntas acciones para frenar una movilización de Morena en la entidad. Con un tono institucional, la mandataria federal colocó el debate en un punto central: ninguna autoridad debe obstaculizar una manifestación pacífica, independientemente de su origen político, porque la libertad de expresión y de reunión son derechos que deben garantizarse desde el poder público.
La polémica surgió luego de que Maru Campos negara haber utilizado recursos públicos para impedir la marcha que exigía juicio político en su contra. Sin embargo, las denuncias sobre bloqueos, obras públicas, solicitud de identificaciones y mensajes para desalentar la asistencia ciudadana abrieron dudas sobre la actuación del gobierno estatal, especialmente porque se trató de una protesta política que, según Sheinbaum, debía permitirse mientras se desarrollara de forma pacífica.
La presidenta fue cuidadosa al no adelantar conclusiones sobre un posible uso indebido de recursos públicos, pues señaló que corresponde a las autoridades competentes revisar si existieron irregularidades administrativas o legales. Aun así, marcó una crítica clara a la gobernadora panista: resulta inconsistente hablar de libertad como consigna política y, al mismo tiempo, permitir o justificar acciones que puedan limitar la participación ciudadana en una manifestación pública.
Sheinbaum también subrayó que en México debe existir libertad de tránsito, reunión y expresión para todas las personas. Su postura contrastó con la actuación atribuida al gobierno de Chihuahua, donde la protesta quedó rodeada por señalamientos de obstáculos institucionales y uso político del espacio público. La mandataria recordó que las autoridades no deben abrir zanjas, cerrar pasos o generar condiciones que inhiban la asistencia a una movilización.
El mensaje presidencial fue más allá del conflicto partidista. Sheinbaum planteó que ejercer el poder de manera democrática implica permitir que la ciudadanía se exprese, incluso cuando las manifestaciones sean incómodas para los gobiernos locales. En ese sentido, pidió coherencia a quienes invocan la libertad en el discurso público, pero enfrentan protestas con prácticas que pueden interpretarse como intentos de contención política.
El caso coloca a Maru Campos bajo presión política y administrativa, mientras se espera que las instancias correspondientes determinen si hubo uso de recursos públicos para frenar la movilización. Frente a esa controversia, Sheinbaum se mostró prudente, profesional y firme al defender un principio democrático básico: la libertad no debe usarse como consigna, sino garantizarse en los hechos desde cualquier nivel de gobierno.
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