La Cámara de Diputados se prepara para un debate clave en materia hídrica luego de que, este miércoles 3 de diciembre, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó —tras casi dos horas de discusión— el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, será turnada de inmediato al pleno de San Lázaro, donde podría discutirse desde hoy mismo.
La votación se realizó en un ambiente de alta tensión: 28 votos a favor (Morena, PVEM y PT), 10 en contra (PAN, PRI y un legislador del PT) y dos abstenciones (MC). Afuera, el Palacio Legislativo permanece rodeado por campesinos y productores que arribaron desde la madrugada a bordo de tractores, quienes advirtieron un cerco total de 48 horas si sus demandas no son atendidas.
La sesión inició pasada las 10:00 horas, donde la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó que la propuesta contempla 50 cambios respecto al texto original. Subrayó que la discusión debe considerar integralmente los temas agua, tierra y alimentos, al tratarse de un asunto que impacta a millones de mexicanos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la mayoría de las exigencias planteadas por productores fueron atendidas, aunque reconoció que aún existen puntos pendientes. Destacó que la iniciativa mantiene la prohibición del acaparamiento y la comercialización del agua, así como la obligación de destinar el recurso concesionado exclusivamente al uso autorizado.
Uno de los ejes centrales —insistió— es el reconocimiento del acceso al agua como derecho humano, colocando el consumo doméstico como máxima prioridad. La ley también promueve la potabilización y el tratamiento del recurso.
A pesar del diálogo con legisladores, los productores mantienen su postura y advirtieron que podrían reforzar el bloqueo si el pleno no incorpora sus principales demandas. Entre sus preocupaciones destacan la transmisión de derechos de agua, la herencia de pozos y la compatibilidad entre usos agrícolas y pecuarios.
Desde la oposición, el PRI y el PAN pidieron detener el dictamen y abrir un proceso de diálogo más amplio con industrias, gobiernos locales y expertos. Afirmaron que, aun con los 50 cambios, la propuesta “no es funcional ni viable” y que sigue “desconectada de la realidad”.
En defensa del dictamen, Morena, PVEM y PT aseguraron que el país vive un desacato constitucional de más de una década y opera con una ley de 1992 que ya no responde a la crisis hídrica. El petista José Luis Montalvo calificó la propuesta como “noble a todas luces”, integrada por 124 artículos revisados con aportaciones de comunidades, colectivos y productores.
El dictamen ya fue remitido a la Mesa Directiva, que convocará a una reunión exprés con la Jucopo para definir si la discusión inicia hoy o se pospone al jueves 4 de diciembre, como originalmente se tenía previsto.
Mientras tanto, los campesinos mantienen el cerco en torno a la Cámara y la sesión ordinaria sigue sin iniciar, a la espera de que arribe el documento que podría detonar uno de los debates más tensos de la legislatura.
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