La discusión sobre la nueva Ley de Aguas Nacionales ha encendido protestas en varios estados del país, con bloqueos carreteros encabezados principalmente por productores agrícolas. En medio de la tensión, el gobierno federal insiste en que la iniciativa no busca criminalizar al campo ni debilitar la producción agrícola, sino evitar el acaparamiento del recurso, combatir la corrupción y garantizar el derecho humano al agua.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme: el diálogo está abierto, pero no habrá marcha atrás en el objetivo central de la reforma. “Si se trata de defender privilegios para acaparar agua, ahí sí ya no. Estamos transformando el país para que haya agua para todos”, advirtió.
¿Qué plantea la nueva Ley de Aguas?
Presentada en octubre, la iniciativa federal propone cambios de fondo en el sistema de concesiones de agua que opera desde hace más de tres décadas. El gobierno explica que busca devolver al agua su carácter de bien público, ordenar su uso y transparentar los permisos que, durante años, han permitido concentración y especulación del recurso.
Los ejes principales de la ley son:
- Prohibir la compraventa o transmisión de concesiones entre particulares.
- Condicionar los cambios de uso del agua a una autorización expresa de Conagua.
- Impulsar el reúso y la tecnificación del riego agrícola con recursos públicos.
- Establecer sanciones contra el robo del agua y el mercado negro del recurso.
- Respetar los derechos vigentes: ninguna concesión será revocada ni aplicada de forma retroactiva.
Efraín Morales, director de la Conagua, explicó que la reforma se elaboró tras consultas con diversos sectores y que el objetivo es combatir prácticas de lucro con el agua, desde perforaciones ilegales hasta casos documentados donde concesiones agrícolas se usan para vender agua a municipios completos. “Lo que se busca no es castigar, sino ordenar. Hay intereses que no quieren perder esos privilegios”, dijo.
El campo en las carreteras: miedo a perder certeza jurídica
Las protestas se han concentrado en el norte del país. En Chihuahua, productores bloquearon carreteras en Jiménez, Meoqui, Camargo y Villa Ahumada. Denuncian que la ley podría afectar el valor de sus tierras si las concesiones ya no pueden heredarse o transmitirse.
El argumento es claro: una tierra sin agua pierde su valor, y sin certeza jurídica, el patrimonio familiar se debilita. También expresan preocupación por la figura de “negativa ficta”, que daría por rechazado un trámite si la autoridad no responde a tiempo. Para los agricultores, eso abre la puerta a una posible “criminalización del productor”.
Académicos presentes en las protestas señalan que la ley debe entender la diversidad de México: el agua no se gestiona igual en el sur tropical que en el norte árido. Por ello, piden un enfoque regional y transdisciplinario.
Los manifestantes presentaron una propuesta alterna respaldada por legisladores del PRI, PAN y MC. Por ahora, advierten que mantendrán los bloqueos hasta que exista una ruta clara de negociación.
El Congreso abre ajustes: se revisarán concesiones agrícolas
Tras cuatro días de audiencias públicas en San Lázaro, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que la iniciativa presidencial sí tendrá ajustes. Uno de los más importantes será permitir que las concesiones de uso agrícola puedan heredarse o transmitirse, manteniendo su valor y condiciones originales.
Monreal calificó la discusión como “una reflexión profunda” y adelantó que el dictamen podría votarse en los próximos días. Aseguró que se hará “para beneficio de los usuarios del agua en el campo, la industria y las ciudades”, y reconoció la sensibilidad del sector agrícola. Incluso detalló que Efraín Morales ha mostrado apertura a incorporar propuestas recibidas durante las audiencias.
Así, el Congreso se convierte en el espacio clave para destrabar el conflicto y buscar el equilibrio entre producción agrícola, derechos colectivos y ordenamiento del recurso.
Sheinbaum: diálogo sí, pero sin ceder a presiones
Desde Palacio Nacional, la presidenta afirmó que su gobierno no perseguirá a quienes se manifiestan, pero recordó que cerrar carreteras es un delito. Aun así, aseguró que no habrá carpetas de investigación abiertas por las protestas recientes.
Sheinbaum reiteró que existen mesas de diálogo abiertas para abordar los temas de seguridad, precios del campo y concesiones de agua. Pero dejó clara la línea del gobierno:
“El agua debe dejar de ser mercancía. Se ha invertido dinero público para tecnificar el riego. Si vas a usar menos, esa agua debe regresar a Conagua para abastecer a la gente. No puede ser que se cobre agua para riego y luego se venda a municipios. Eso no es justo.”
La mandataria advirtió que algunos grupos defienden privilegios disfrazados de legítimas demandas. Pero también insistió en que el gobierno federal escucha: “Hay inquietudes reales en el campo y las vamos a atender. Pero una cosa son los derechos y otra son los negocios con el agua.”
Agua y soberanía: el fondo del debate
Lo que está en juego no es solo una reforma técnica. La discusión de la Ley de Aguas revela un choque entre dos visiones:
- Una que ve el recurso como patrimonio público y derecho humano,
- y otra que defiende un modelo de libre operación que, en algunos casos, permitió prácticas discrecionales y desigualdad hídrica.
El país no solo discute una ley: discute quién puede decidir sobre el agua, cómo se reparte y qué papel jugará el Estado en un futuro marcado por la escasez. La transformación —como sostiene el gobierno federal— no busca frenar al campo, sino garantizar que en México el agua deje de ser privilegio y se convierta, por fin, en un derecho compartido.
