El gobierno federal anunció una revisión profunda de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, luego de que autoridades financieras detectaran una red de lavado de dinero operando desde trece casinos en ocho estados. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la legislación —vigente desde 1947— quedó obsoleta frente al crecimiento de plataformas digitales y nuevas formas de operación criminal, por lo que instruyó a iniciar consultas con operadores del sector para construir una reforma que cierre vacíos legales y eleve la supervisión. La mandataria subrayó que el objetivo es impedir que la industria del juego funcione como un canal para el blanqueo transnacional.
La investigación presentada esta semana reveló el uso de apuestas en línea, identidad falsa y tarjetas de regalo para simular ganancias que luego se transferían al extranjero antes de regresar infladas a México. La Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, ordenó el congelamiento de cuentas y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República. La red movió recursos hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos sin justificación legal.
Un sector desregulado que creció más rápido que la ley
El caso puso en evidencia la debilidad de un marco legal que no contempla casinos modernos, apuestas digitales, criptomonedas ni mecanismos robustos para prevenir fraudes o adicciones. Especialistas del sector jurídico y financiero coinciden en que la ausencia de normas adaptadas a la era digital permitió que establecimientos físicos y plataformas en línea operaran con ambigüedad normativa, dejando espacio a esquemas opacos y riesgosos para la integridad financiera del país.
En medio del auge de casas de apuestas en internet y del patrocinio masivo en deportes profesionales, el gobierno adelantó que la reforma también revisará la publicidad, la trazabilidad de recursos y la responsabilidad de empresas que lucran con modelos altamente vulnerables al lavado de activos. La Secretaría de Gobernación, responsable de regular el sector, manifestó ante el Congreso que la nueva norma deberá combinar certeza jurídica con sanciones efectivas para quienes incumplan.
El crecimiento explosivo de casas de apuestas en México ha permeado al deporte profesional, donde prácticamente todas las ligas tienen contratos millonarios con plataformas digitales. Directivos deportivos han expresado que una eventual reforma no debería afectar a los patrocinios, mientras destacan mecanismos internos de vigilancia para prevenir amaños de partidos. Sin embargo, se advierte que el escrutinio gubernamental es inevitable en un sector donde los beneficios comerciales conviven con altos riesgos de manipulación y dependencia económica hacia las casas de apuestas.
Un marco legal obsoleto
La Ley Federal de Juegos y Sorteos nació en 1947 en un contexto postrevolucionario marcado por la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que impulsó el crecimiento de casinos en la frontera norte. Con sólo 17 artículos y sin modificaciones sustanciales en casi ocho décadas, la normativa otorgó amplias facultades al Ejecutivo para regular el juego, pero nunca se adaptó a la transformación tecnológica y económica del sector. Hoy, la discusión sobre su reforma no sólo responde a un caso de lavado, sino a la urgencia de modernizar un instrumento jurídico incapaz de controlar un mercado ya digitalizado con ganancias millonarias.
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