La senadora del PAN, Lilly Téllez, volvió a posicionarse en contra de una propuesta del gobierno federal, esta vez criticando la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado para reformar la Ley de Amparo, sin ofrecer una explicación de fondo sobre el contenido jurídico de la propuesta.
A través de redes sociales, Téllez acusó que la iniciativa busca “blindar los abusos” del gobierno y quitarle a la ciudadanía su herramienta más importante para defenderse ante el poder, aunque no aportó argumentos jurídicos o datos que sustenten su afirmación. Su postura se limitó a un rechazo frontal y a un llamado a votar en contra, en línea con su habitual estrategia de confrontación política.
En contraste, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum busca realizar cambios específicos en tres instrumentos legales: la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Según el documento presentado al Senado, la reforma tiene como objetivo central evitar que el recurso de amparo se utilice como un mecanismo para frenar obras públicas o para beneficiar a intereses privados en contra del interés social.
Uno de los puntos más relevantes es la modificación al uso de la suspensión provisional, una medida que ha sido usada históricamente para detener temporalmente actos de autoridad mientras se resuelve el juicio de amparo. El gobierno argumenta que esta figura ha sido utilizada para frenar proyectos estratégicos o para desbloquear recursos fiscales en procesos que aún no concluyen legalmente, afectando con ello al erario y al desarrollo nacional.
La propuesta plantea que la suspensión no se otorgue cuando se determine que podría poner en riesgo el orden público, el interés general o la legalidad de los actos reclamados. No se trata de eliminar el amparo, sino de acotar su uso abusivo y asegurar que no se convierta en un privilegio de facto para ciertos grupos.
Mientras tanto, figuras de oposición como Lilly Téllez han optado por convertir la discusión en una narrativa de confrontación, sin entrar en los detalles legales de la reforma. Su crítica, basada más en discursos alarmistas que en argumentos técnicos, opaca un debate necesario sobre cómo equilibrar la protección de derechos individuales con el interés colectivo y el combate a prácticas jurídicas que favorecen a poderes económicos.
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