La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tiene información confirmada sobre un presunto congelamiento de cuentas bancarias relacionado con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, sus familiares y otros actores políticos señalados en reportes por presuntos vínculos con grupos criminales. La mandataria indicó que solicitará mayor información a la Unidad de Inteligencia Financiera para conocer si existió alguna actuación formal en ese caso.
Sheinbaum explicó que la UIF opera como un área técnica y que sus procedimientos dependen de la detección de posibles irregularidades financieras. En ese sentido, sostuvo que cualquier medida debe responder a indicios concretos y no a decisiones políticas. La presidenta también aclaró que el gobierno federal no está congelando cuentas de empresarios y que la estrategia contra la delincuencia organizada busca seguir el rastro del dinero ilícito, no actuar de manera arbitraria.
Sobre las acusaciones contra Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza, la mandataria señaló que su gobierno no protegerá a nadie si existen pruebas suficientes. Sin embargo, insistió en que cualquier procedimiento debe apegarse a la ley mexicana y pasar por las instituciones correspondientes, como la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. También afirmó que no basta con señalamientos externos si no se presentan elementos legales verificables.
La presidenta ubicó el caso en medio de una disputa política más amplia, marcada por señalamientos de la oposición contra Morena y por debates sobre posibles vínculos de autoridades con el crimen organizado. En ese contexto, defendió que las investigaciones deben resolverse por la vía judicial y no mediante presiones partidistas. También pidió no mezclar el caso de Rocha con otros procesos, como las acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al considerar que cada expediente debe tratarse por separado.
En paralelo, Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrada en seguridad y comercio. La mandataria aseguró que ambos gobiernos acordaron mantener la coordinación bilateral y continuar las conversaciones mediante próximas reuniones con colaboradores del mandatario estadounidense que visitarán México, aunque no se precisó una fecha para esos encuentros.
La llamada ocurre en un momento de tensión política por los señalamientos desde Estados Unidos y por la exigencia del gobierno mexicano de que cualquier acusación sea acompañada de pruebas suficientes. Con ello, la administración federal busca sostener una doble ruta: colaboración en seguridad y comercio con Washington, pero defensa del debido proceso y de la soberanía jurídica mexicana ante casos que involucran a funcionarios o exfuncionarios.
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