El caso Salinas Pliego: el espejo de una industria bajo sospecha
Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más poderosos del país, volvió a quedar bajo el escrutinio público luego de que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaran operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y triangulaciones desde casinos asociados a su conglomerado.
La investigación —coordinada con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos— apunta a un posible esquema de lavado de dinero internacional con movimientos hacia Rumania, Malta, Panamá y otros países.
El caso marca un punto de inflexión. Por primera vez en años, un magnate del nivel de Salinas Pliego enfrenta acusaciones que lo vinculan no sólo con evasión fiscal, sino con posibles delitos financieros transnacionales. Su respuesta fue inmediata: denunció “terrorismo fiscal” y acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de persecución política. Sin embargo, las pruebas no provienen del discurso político, sino de los registros bancarios.
El episodio revela la fragilidad institucional que rodea a una industria que mueve miles de millones de pesos anuales y donde el control del Estado ha sido, por décadas, mínimo o simbólico.
Monopolios y permisionarios: quiénes mandan en las apuestas mexicanas
Hoy, el negocio de los juegos y sorteos en México está dominado por un puñado de corporaciones. Tres grandes grupos concentran la mayoría del mercado físico:
Caliente, propiedad de la familia Hank Rhon; la trasnacional española Codere; y Televisa, a través de su filial PlayCity.
El resto del sector está representado por la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas (AIEJA), que agrupa a 36 permisionarios con 377 centros de apuestas operando en 29 estados del país. Aunque el actual gobierno federal no ha otorgado nuevas licencias, 756 permisos históricos —heredados de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— siguen vigentes, muchos de ellos protegidos por amparos.
Los permisionarios exigen al Congreso una reforma fiscal y regulatoria: piden un impuesto federal único, la actualización del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y la creación de un ente regulador intersecretarial (Segob, Turismo, Economía y Hacienda). Argumentan que enfrentan competencia desleal de plataformas digitales y juegos clandestinos, aunque omiten el hecho de que el sector entero ha crecido gracias a vacíos legales y laxitud institucional.
Permisos heredados, tragedias y supervisión simbólica
La estructura actual de la industria se explica por su historia. En 2015, la Secretaría de Gobernación tenía registrados 386 casinos operados por 26 empresas, cuyos permisos podían arrendarse a terceros durante periodos de hasta 25 años.
Esa posibilidad —legal pero ambigua— derivó en una red de concesiones opaca que permitió que un solo permiso diera origen a decenas de salas.
Entre las firmas con más presencia estaban Apuestas Internacionales, Operadora Cantabria, Hipódromo de Agua Caliente, Atracciones y Emociones Vallarta, Promociones e Inversiones Guerrero y Libros Foráneos, entre otras.
De ellas surgieron varias de las cadenas actuales, con distintos nombres comerciales y socios.
La tragedia del Casino Royale, ocurrida en Monterrey en 2011, reveló los riesgos de esa estructura: el establecimiento funcionaba con permisos rentados y una cadena de intermediarios que diluía responsabilidades. Pese a ello, poco cambió. Hoy, la Segob cuenta con menos de 50 inspectores para vigilar más de 370 salas en todo el país, mientras que los registros públicos ocultan los nombres comerciales de los negocios, impidiendo conocer a los dueños reales.
La Ley Federal de Juegos y Sorteos —vigente desde 1947— continúa sin reforma sustancial. Su reglamento, emitido por Vicente Fox en 2004, permite sanciones de apenas 10 mil pesos para faltas no graves. Un marco jurídico diseñado para ferias y peleas de gallos rige, ochenta años después, a una industria globalizada y multimillonaria.
Los gigantes del azar: poder económico, juego digital y vacíos legales
En la actualidad, seis corporaciones concentran el grueso del negocio formal del juego en México:
- PlayCity (Televisa), con 18 casinos activos y permiso para abrir hasta 45, además de su plataforma de apuestas deportivas.
- Codere, multinacional española con presencia en seis países y fuerte crecimiento digital a través de Codere Online.
- Caliente, de la familia Hank Rhon, que lidera en el norte y en apuestas deportivas.
- Grupo Cirsa, de origen español, con historial de sanciones fiscales.
- Grupo Logrand, dueño de marcas como Juega Juega y Mustang Money, con presencia en casinos físicos y en línea.
- Palacio de los Números, uno de los operadores más antiguos del país.
Estos consorcios reportan ingresos combinados de más de 5 mil millones de pesos anuales, según el SAT. Su poder económico y mediático les ha permitido mantener privilegios regulatorios, ampliar licencias y, en algunos casos, trasladar sus operaciones al ámbito digital, donde la supervisión es aún más laxa.
Mientras tanto, la expansión de los casinos y bingos ilegales, el uso de prestanombres, y los flujos financieros sin rastreo mantienen al sector en el centro del debate sobre lavado de dinero y corrupción.
El caso Salinas Pliego no es una excepción: es el síntoma visible de una industria donde el azar se mezcla con el poder, y donde por décadas el Estado ha jugado con las cartas marcadas.
