La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó la carpeta de investigación abierta contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por presuntas irregularidades en la obtención y el cobro durante casi dos décadas de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo en 2004. La institución acusa a la académica del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal.
De acuerdo con los documentos del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó una audiencia inicial para imputar a Casar y a dos personas más. La sesión está programada para el próximo 16 de diciembre, fecha en la que el Ministerio Público presentará las imputaciones formales.
El origen del caso
La pensión fue solicitada el 19 de octubre de 2004, doce días después de la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de Casar y entonces coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex. De acuerdo con la FGR, el trámite para activar el beneficio —que comenzó a surtir efectos un día después del fallecimiento— se habría realizado de manera irregular.
Márquez Padilla había ingresado a la paraestatal apenas el 1 de junio de 2004 y murió el 7 de octubre, tras caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex. Aunque peritajes internos apuntaron a un suicidio, la empresa reconoció en 2024 que la documentación oficial no asentó explícitamente esa conclusión.
Durante mayo de ese año, el entonces director de Pemex, Octavio Oropeza Romero, afirmó que Casar habría generado un daño patrimonial de 31 millones de pesos, al cobrar mensualmente alrededor de 125 mil pesos por la pensión durante casi 20 años.
El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades contempla sanciones de seis meses a 12 años de prisión, además de multas de 30 a 150 días. La ley permite imputarlo tanto a servidores públicos que otorguen beneficios económicos indebidos como a particulares que los soliciten, gestionen o se beneficien de ellos.
No obstante, al no tratarse de un delito considerado grave, incluso si se decreta la vinculación a proceso, los acusados podrían enfrentar el juicio en libertad condicional.
La batalla legal por la pensión
Luego de que Pemex suspendió el pago de la pensión en febrero de 2024, Casar promovió un juicio de amparo. El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo ordenó a la petrolera restituir los depósitos mientras se resuelve el fondo del asunto.
El caso, que ha generado tensiones políticas por el rol de Casar al frente de una de las organizaciones anticorrupción más visibles del país, ahora entra a una etapa judicial que definirá si existieron o no irregularidades en la obtención del beneficio. El próximo 16 de diciembre será la primera audiencia en la que la FGR formalizará sus acusaciones ante un juez federal.
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