La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, volvió al centro de la discusión pública luego de que Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, cuestionó su ausencia de casi dos semanas en Palacio de Gobierno y su presunta inasistencia a reuniones de seguridad. El cruce se originó después de que la mandataria panista calificó al gobierno federal como “gobierno de la muerte”, frase que encendió un nuevo debate político.
De acuerdo con el posicionamiento de Ariadna Montiel, Maru Campos habría faltado al 70 por ciento de las mesas de paz y seguridad, un señalamiento que coloca bajo presión a la gobernadora panista en uno de los temas más sensibles para Chihuahua. La seguridad, además de ser una exigencia ciudadana, es una responsabilidad central del gobierno estatal.
Montiel también reprochó que Campos haya acumulado 12 días sin presentarse públicamente en Palacio de Gobierno, situación que fue interpretada por sus críticos como una muestra de abandono institucional. La gobernadora reapareció el 15 de junio y sostuvo que no necesita estar físicamente en su despacho para trabajar, al asegurar que mantuvo reuniones con integrantes de su gabinete.
Sin embargo, la explicación no cerró el debate. En un estado golpeado por la inseguridad, la ausencia física de la titular del Ejecutivo genera cuestionamientos políticos inevitables, sobre todo cuando al mismo tiempo endurece su discurso contra el gobierno federal y busca deslindarse de los problemas locales.
Campos defendió su estrategia de seguridad y acusó afectaciones por recortes federales, mientras su administración reportó avances en percepción de seguridad y confianza hacia la Policía Estatal. Aun así, el señalamiento de Ariadna Montiel mantiene abierto el cuestionamiento de fondo: la gobernadora intenta cargar responsabilidades a la Federación mientras enfrenta críticas por su propia presencia y coordinación interna.
El caso exhibe una contradicción incómoda para Maru Campos: hablar de seguridad desde el discurso opositor resulta insuficiente si al mismo tiempo se cuestiona su asistencia a las mesas donde se toman decisiones clave. En Chihuahua, la crisis no sólo se mide en cifras, sino también en presencia política, coordinación y rendición de cuentas.
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