La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que atenderá el citatorio de la Fiscalía General de la República relacionado con la investigación por la presencia de agentes de la CIA en la entidad, aunque evitó dejar plenamente claro si acudirá personalmente a declarar. Su respuesta ocurre en medio de crecientes cuestionamientos sobre la actuación de su gobierno y los límites de la cooperación con autoridades estadounidenses en territorio mexicano.
Al salir de la mesa estatal de seguridad, Campos señaló que el citatorio contiene inconsistencias y que, desde su perspectiva, está mal elaborado. Sin embargo, sostuvo que su equipo jurídico revisa el documento y que responderá al requerimiento. La mandataria buscó colocar el debate en el terreno del debido proceso, pero sin despejar las dudas de fondo sobre qué sabía su administración y bajo qué condiciones participaron agentes extranjeros.
El caso está relacionado con la intervención de personal estadounidense en Chihuahua, particularmente tras la información sobre el hallazgo de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos. El punto más delicado no es únicamente la comparecencia de Campos, sino la posible existencia de mecanismos de colaboración que no habrían pasado por los cauces federales correspondientes, como exige la cooperación internacional en materia de seguridad.
Campos ha defendido que actúa conforme a la ley y que no ha dejado de trabajar al frente del gobierno estatal. No obstante, su insistencia en señalar fallas del citatorio puede leerse como una estrategia para cuestionar el procedimiento antes que explicar con claridad el papel de su administración en un caso que involucra seguridad nacional, soberanía y coordinación con agencias de Estados Unidos.
La gobernadora también pidió al gobierno federal cuidar el debido proceso y sostuvo que la revisión jurídica no busca protegerla personalmente, sino cuidar al país. Ese argumento, sin embargo, contrasta con la falta de explicaciones públicas más amplias sobre los acuerdos, contactos o comunicaciones que pudieron existir entre autoridades de Chihuahua y agencias extranjeras, un tema que mantiene bajo presión política a su gobierno.
La investigación de la FGR mantiene a Maru Campos en el centro del debate nacional. Aunque la mandataria aseguró que atenderá el citatorio, la ausencia de una postura clara sobre su comparecencia personal y sobre la cooperación con agentes estadounidenses alimenta los cuestionamientos hacia su administración, especialmente por tratarse de un asunto donde la seguridad local se cruza con soberanía, legalidad y responsabilidad institucional.
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