Ciudad de México, 20 de agosto de 2025. — En seis años, las políticas sociales impulsadas por la Cuarta Transformación lograron que alrededor de 500 mil personas indígenas salieran de la pobreza, de acuerdo con cifras recientes del Inegi.
La proporción de población indígena en situación de pobreza pasó de 70.3 % en 2018 a 60.8 % en 2024, un descenso que representa un cambio profundo para comunidades históricamente olvidadas. Dentro de esta cifra, cerca de 300 mil personas abandonaron la pobreza extrema, al pasar de 3.2 millones en 2018 a 2.9 millones en 2024.
Política social con rostro indígena
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) destacó que estos avances son resultado de programas sociales masivos, incrementos al salario mínimo, mejoras en pensiones y transferencias directas que fortalecen la economía de las familias.
En paralelo, el ingreso promedio trimestral de las personas hablantes de lenguas indígenas prácticamente se duplicó en seis años: de 8,369 pesos en 2018 a 17,063 pesos en 2024, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Más inversión directa a comunidades
Los avances también tienen un componente estructural: la reforma al artículo 2 constitucional permitió que los pueblos indígenas y afromexicanos reciban recursos públicos de manera directa.
Tan solo en 2025, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social destina más de 12 mil millones de pesos a estas comunidades, con al menos un 10 % obligatorio para proyectos decididos por las propias autoridades locales. Este mecanismo busca romper con la histórica centralización del presupuesto y devolver el control sobre las prioridades de desarrollo a las comunidades.
Retos pendientes
A pesar de los logros, especialistas y autoridades reconocen que el desafío no está resuelto. La disminución de la pobreza monetaria es un avance, pero persisten rezagos en salud, educación, vivienda e infraestructura básica.
Desde la perspectiva de la Cuarta Transformación, estas cifras muestran que el modelo de redistribución y atención directa funciona, pero debe complementarse con políticas de desarrollo regional que cierren las brechas históricas de desigualdad.
