El Gobierno de México anunció que prepara nuevas acciones jurídicas tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano que perdió la vida en Houston, Texas, luego de recibir disparos durante un operativo relacionado con autoridades migratorias de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará a conocer los pasos a seguir, con el objetivo de que el caso no quede únicamente en notas diplomáticas.
Sheinbaum señaló que México no puede permitir el maltrato contra sus connacionales en territorio estadounidense, especialmente cuando se trata de personas cuya falta administrativa está relacionada con su situación migratoria. La mandataria cuestionó que trabajadores mexicanos, muchos de ellos contratados por empresas en Estados Unidos, terminen en centros de detención o expuestos a operativos donde se utiliza la fuerza letal.
La versión de las autoridades estadounidenses sostiene que Salgado Araujo habría intentado evadir una detención y usar su vehículo contra un agente, motivo por el cual el elemento disparó. Sin embargo, hasta ahora persisten dudas sobre la actuación de los agentes y sobre la información presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, que abrió una investigación interna, mientras el FBI en Houston revisa si hubo una agresión contra personal federal.
Familiares de Lorenzo Salgado rechazaron que se le reduzca a su condición migratoria y lo describieron como un trabajador de la construcción que buscaba regularizarse, además de sostener económicamente a su esposa y a sus hijos. Su hijo, Ronaldo Salgado, pidió respeto a la memoria de su padre y denunció la circulación de videos e imágenes de sus últimos momentos, mientras organizaciones civiles exigieron claridad sobre lo ocurrido.
El caso se suma a una lista de muertes de mexicanos durante operativos migratorios o bajo custodia de ICE, en medio del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. De acuerdo con recuentos periodísticos, con el fallecimiento de Salgado Araujo sumarían 17 connacionales muertos en este tipo de circunstancias, lo que aumenta la presión sobre Washington para transparentar sus procedimientos y rendir cuentas por el uso de la fuerza.
México busca llevar el caso a nuevas instancias legales y también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de una estrategia para exigir información y protección para sus ciudadanos. La muerte de Lorenzo Salgado Araujo reabre el debate sobre los abusos en los operativos migratorios de Estados Unidos y sobre la falta de garantías para personas trabajadoras que, aun sin documentos, tienen derechos que deben ser respetados.
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