El proyecto de reindustrialización de Estados Unidos avanza como una política de Estado que busca autonomía económica y control en sectores estratégicos como semiconductores, energía, defensa y farmacéutica. El mensaje para México es claro: ya no basta con integrarse pasivamente al mercado norteamericano; se requiere reconstruir un aparato productivo propio.
Durante tres décadas, con el TLCAN y el T-MEC, México se consolidó como plataforma exportadora de bajo costo para empresas de Estados Unidos. Sin embargo, este modelo maquilador dependiente de insumos externos no generó innovación ni industria nacional, dejando a la ciencia y la investigación sin un tejido productivo que las absorbiera.
Se han anunciado proyectos en semiconductores, autos eléctricos o satélites, pero México carece de una base manufacturera sólida que los respalde. Arrancar con industrias de frontera sin un sustento industrial previo sólo refuerza la dependencia del capital extranjero, que controla la innovación mientras el país queda relegado al papel de ensamblador.
El nearshoring se presentó como gran oportunidad, pero en los hechos la mayoría de las inversiones quedaron en promesas. La planta de Tesla en Nuevo León sigue sin fecha clara, mientras otras armadoras reducen o posponen proyectos. A esto se suman obstáculos internos: déficit de talento especializado, sistema eléctrico inestable, infraestructura deficiente e inseguridad, además de tensiones externas como aranceles, disputas del T-MEC y presiones en sectores estratégicos.
La discusión no es abandonar o permanecer en el T-MEC, sino definir si México continuará dependiendo de la inversión extranjera o apostará por fortalecer capital nacional. Para lograrlo, se requieren instrumentos hoy limitados por el tratado: subsidios, protección temporal y compras públicas estratégicas.
Existen sectores con gran potencial: acero, agroindustria, farmacéutica genérica y autopartes. Cada uno puede convertirse en motor de empleo y desarrollo si se impulsa con banca de desarrollo, financiamiento público-privado y cadenas de valor nacionales.
El problema central no es técnico, sino político. Una oposición que promueve la entrega de soberanía y un oficialismo dividido impiden construir una estrategia industrial de largo plazo. El país necesita un centro de decisión fuerte y coordinado, similar al MITI de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, capaz de articular Estado, academia y sector privado con visión estratégica.
La revisión del T-MEC debe aprovecharse como espacio político para defender márgenes de soberanía. Estados Unidos protege y subsidia a su industria; México no puede renunciar a hacer lo mismo. Lo fundamental será definir una política industrial de al menos diez años que garantice soberanía productiva y reduzca la dependencia externa.
Al final, la encrucijada es política: un país dividido no puede sostener un rumbo estratégico. La unidad del Estado, el sector productivo y la sociedad será indispensable para transformar esta coyuntura en una oportunidad histórica hacia la independencia económica.
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