En medio del creciente hartazgo ciudadano por el bombardeo de llamadas comerciales, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para poner freno a una práctica que se ha vuelto cotidiana: el uso de datos personales para fines publicitarios sin autorización clara de los usuarios.
La propuesta plantea modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para obligar a bancos y empresas a contar con el consentimiento expreso, previo y verificable de las personas antes de contactarlas con fines de mercadotecnia. En otras palabras, se busca que nadie reciba llamadas publicitarias si no ha aceptado explícitamente ser contactado.
De acuerdo con el legislador, el problema ha escalado a niveles preocupantes. En promedio, los usuarios en México reciben alrededor de 24 llamadas no solicitadas al mes, muchas de ellas relacionadas con promociones, servicios financieros, fraudes o intentos de contratación agresiva. Además, más de la mitad de las llamadas provenientes de números desconocidos corresponden a spam, lo que evidencia la magnitud del fenómeno.
La iniciativa también señala que México se ubica entre los países con mayor volumen de este tipo de comunicaciones en América, solo por debajo de Brasil y Chile, aunque con una proporción más alta de llamadas publicitarias en relación con el total.
Aunque actualmente existen mecanismos como el Registro Público para Evitar Publicidad o el Registro de Usuarios de servicios financieros, el propio diagnóstico legislativo reconoce que han resultado insuficientes. Millones de números están inscritos en estos padrones, pero las quejas por llamadas no deseadas persisten, lo que pone en evidencia fallas en su aplicación y en el marco normativo.
Frente a este escenario, la reforma propone prohibir el uso, transferencia o tratamiento de datos personales con fines comerciales sin autorización expresa del titular, salvo en casos debidamente justificados por mandato judicial. Asimismo, plantea que las empresas estén obligadas a ofrecer mecanismos claros para que los usuarios puedan bloquear, cancelar o revocar su consentimiento en cualquier momento.
Otro punto relevante es que el consentimiento para recibir llamadas o mensajes publicitarios no podrá estar condicionado a la contratación de un servicio. Es decir, las empresas no podrán obligar a sus clientes a aceptar publicidad como requisito para acceder a productos financieros o comerciales.
Además, cuando una persona autorice el contacto, este solo podrá provenir de la empresa específica a la que otorgó dicho permiso, evitando así la circulación indiscriminada de bases de datos entre compañías.
La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis, en un contexto donde la defensa de los datos personales y la privacidad se ha convertido en una demanda cada vez más urgente frente a prácticas invasivas del sector privado.
