Morena encendió las alarmas sobre un presunto esquema de financiamiento irregular operado desde el Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, que habría utilizado recursos públicos y estructuras internas para impulsar propaganda encubierta bajo la fachada de activismo juvenil. El vocero morenista en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, presentó una denuncia formal ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que se investigue a fondo lo que calificó como un caso grave de manipulación política disfrazada de movilización ciudadana.
El señalamiento central apunta a Edson Saúl Andrade Lemus, uno de los rostros más visibles en la convocatoria a la marcha de la denominada “Generación Z”, realizada el 15 de noviembre y que terminó con incidentes en el Zócalo capitalino. Aunque el joven se promocionaba como “apartidista”, Morena documentó que recibía pagos del PAN por concepto de “servicio de estrategia digital y gestión de redes” por más de 2.1 millones de pesos. Además, ese contrato habría financiado también a un equipo operativo de al menos siete personas más.
La confirmación llegó —según Ávila— de la propia presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, quien admitió públicamente la existencia del contrato. Para Morena, el reconocimiento no solo valida la acusación, sino que revela un patrón de financiamiento paralelo, triangulación de recursos y propaganda encubierta para influir políticamente en sectores juveniles utilizando dinero público y aportaciones prohibidas.
Triangulación, subcontratación opaca y propaganda simulada
Ávila detalló que el esquema no se limita a un contrato aislado, sino que constituye un mecanismo de operación política encubierta. Según la denuncia, existen “gastos no reportados, triangulación de recursos, aportaciones en especie no registradas y una subcontratación opaca” que habría servido para financiar una estructura de propaganda disfrazada de activismo ciudadano.
El legislador advirtió que el uso de particulares para influir en procesos políticos vulnera principios básicos como equidad, legalidad y autenticidad del sufragio. Además, implica un riesgo sistémico: si un partido puede validar pagos millonarios bajo conceptos ambiguos como “estrategia digital”, podría usar recursos públicos para cualquier tipo de operación política sin rendir cuentas.
Para Morena, la marcha de la Generación Z se convirtió en un ejemplo de cómo la derecha intenta reciclar nuevas narrativas y estéticas juveniles mientras opera con viejas prácticas de financiamiento irregular. El partido guinda sostiene que detrás del supuesto “activismo espontáneo” existió una estrategia de propaganda partidista financiada con recursos que debieron ser transparentados ante la autoridad electoral.
Morena pide auditoría total y procedimiento de oficio
La denuncia solicita al INE revisar todos los contratos vinculados al PAN capitalino, auditar los flujos de recursos y determinar si el partido utilizó financiamiento público para fines distintos a los permitidos por la ley. Ávila insistió en que existen elementos suficientes para que la autoridad abra un procedimiento de oficio, dado que “hay hechos públicos, notorios y verificables”.
Morena considera que el caso es de tal gravedad que podría derivar en sanciones severas para el PAN, incluida la pérdida del registro nacional. El legislador recordó que el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos obliga a evitar propaganda que denigre o calumnie, y a aplicar correctamente los recursos públicos asignados. Si las irregularidades se comprueban, el propio reconocimiento de la dirigencia panista podría ser determinante.
Un caso que desnuda la disputa por el voto joven
El fondo político del caso también expone una batalla más amplia: la disputa por el voto juvenil. Mientras el PAN intenta mostrarse como referente generacional ante jóvenes descontentos, Morena acusa que lo hace mediante simulaciones financiadas desde sus oficinas, no desde las calles.
La denuncia busca, en ese sentido, no solo sancionar irregularidades administrativas, sino desmontar una estrategia que, según Morena, pretende influir artificialmente en el ánimo social mediante campañas encubiertas y pagos ocultos. Para el partido guinda, la derecha no está apostando por una nueva generación política, sino por reciclar viejas formas de guerra sucia adaptadas a la estética de TikTok.
Con la confesión pública de la dirigencia panista, la investigación del INE se perfila como un caso testigo sobre el uso de influencers, publicidad política disfrazada y subcontrataciones digitales en tiempos de disputa electoral permanente. Morena, por lo pronto, ya abrió la puerta a una batalla legal que podría escalar al más alto nivel.
