Tras una jornada de intensas negociaciones políticas que se extendieron durante más de 12 horas, los partidos que integran la coalición oficialista —Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México— lograron perfilar un acuerdo que permitiría avanzar con el llamado “plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Gobernación y reunió a dirigentes, coordinadores parlamentarios y operadores políticos de los tres partidos aliados del gobierno federal. Las conversaciones comenzaron desde la mañana del viernes y concluyeron durante la madrugada del sábado.
Al salir del recinto, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, informó que el consenso ya está prácticamente cerrado y que su anuncio oficial se dará a conocer en breve.
Durante las conversaciones también participaron el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal; el líder parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval; y el coordinador del PVEM en San Lázaro, Carlos Puente Salas. Asimismo, acudieron el senador verde Manuel Velasco Coello y el operador electoral del mismo partido, Arturo Escobar y Vega.
Por parte del gobierno federal se observó la presencia del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, así como de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta.
Qué incluye el plan electoral
De acuerdo con lo adelantado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum en días previos, la propuesta que se enviaría al Congreso el lunes contempla una serie de ajustes al sistema electoral.
Entre los puntos centrales se encuentra establecer límites al gasto de representantes locales, como diputados estatales y regidores, así como en el Senado. Con esta medida se buscaría liberar recursos públicos que podrían alcanzar hasta 4 mil millones de pesos para destinarlos a programas sociales y necesidades municipales.
Otro de los ejes del plan es ampliar la posibilidad de consultas ciudadanas en materia electoral, incluyendo temas como el financiamiento público de los partidos políticos. Además, se plantea modificar el calendario de la revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer año de gobierno y no exclusivamente en el cuarto.
Aunque el ambiente de negociación fue descrito como positivo por los participantes, algunos temas generaron inquietudes entre legisladores aliados.
Uno de los puntos más sensibles es la eventual consulta sobre la reducción del financiamiento a partidos políticos. El petista Benjamín Robles Montoya advirtió que el presupuesto partidista es una atribución del Poder Legislativo y pidió evitar modificaciones que contradigan decisiones previamente tomadas por el Congreso.
También se discutió la posibilidad de reducir el número de regidurías en los ayuntamientos, una medida que algunos legisladores consideran viable para disminuir el gasto público.
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