El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU reconoció los avances reportados por México en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, luego de que el Gobierno federal informara que más de 16 mil personas fueron localizadas durante 2026 como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda.
Durante la presentación del informe anual del Comité ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, su presidente, Juan Pablo Albán Alencastro, valoró positivamente estos resultados y planteó que se mantenga la cooperación internacional para fortalecer los mecanismos de búsqueda, identificación e investigación.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Arturo Medina, explicó que la localización de personas permanece como una prioridad nacional y forma parte de una estrategia más amplia que incluye revisión de registros, identificación forense, coordinación entre autoridades y búsqueda inmediata.
México fortalece cooperación internacional
El Gobierno mexicano también conformó, con acompañamiento de ONU-DH, un grupo de especialistas nacionales e internacionales encargado de revisar científicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Además, México mantiene cooperación con organismos internacionales y otros países para fortalecer capacidades forenses y de búsqueda. Entre las acciones implementadas también destacan reformas legales que obligan a iniciar inmediatamente una carpeta de investigación ante cada reporte de desaparición, así como la operación permanente de un Centro de Mando Nacional.
El principal punto de diferencia entre México y el Comité permanece en la interpretación del artículo 34 de la Convención. El organismo decidió llevar la situación del país ante la Asamblea General al considerar que existen elementos que ameritan atención internacional. Sin embargo, el propio Comité aclaró que este procedimiento no equivale a declarar responsabilidad internacional del Estado mexicano ni acredita una política federal deliberada de desapariciones forzadas.
México, por su parte, rechazó la interpretación jurídica utilizada para activar dicho mecanismo, pero reiteró su disposición al diálogo, al escrutinio internacional y a la cooperación técnica.
El Gobierno federal sostuvo que su prioridad continuará siendo localizar personas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias buscadoras.
Fotografía: Redes
