El hallazgo de 383 cuerpos en condiciones insalubres y apilados dentro de un crematorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha encendido las alertas a nivel internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió una investigación pronta, independiente y eficaz, y llamó a las autoridades mexicanas a garantizar el trato digno a los cuerpos, en línea con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El pronunciamiento de la ONU-DH se apoya en el reciente informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, presentado durante el 56º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. El documento, aunque no hace referencia explícita a México, plantea obligaciones claras para los Estados respecto a la protección post mortem, en contextos de violencia, desaparición forzada o colapso institucional.
En el caso del crematorio «Plenitud», donde se descubrieron los restos acumulados entre 2020 y 2025, las causas del almacenamiento irregular siguen sin esclarecerse. Tampoco se ha dado información clara sobre la identidad de al menos 300 cuerpos ni sobre posibles violaciones a los derechos humanos de las víctimas antes o después de su muerte. Organizaciones civiles han señalado que el lugar podría haber sido utilizado como un sitio de ocultamiento ante la falta de supervisión institucional.
Frente a este escenario, la ONU-DH y colectivos de derechos humanos demandan la aplicación inmediata de un enfoque forense con perspectiva humanitaria, y la creación de protocolos claros que impidan la fragmentación de responsabilidades, que suelen derivar en impunidad.
El informe de Naciones Unidas también alerta que el trato indigno a los cuerpos “obstaculiza procesos de justicia, identificación y reparación”, lo cual cobra una especial gravedad en un país como México, donde persisten los hallazgos masivos de fosas clandestinas y sitios de almacenamiento irregular de restos humanos.
Tidball-Binz propuso, en su informe, el desarrollo de principios rectores internacionales para la protección de los muertos, y subrayó que el derecho internacional no debe aplicar niveles desiguales de protección según la causa de muerte o el contexto.
La situación en Ciudad Juárez ha sido descrita por organismos internacionales como un símbolo alarmante de la descomposición institucional frente a la violencia generalizada en México. El llamado de la ONU-DH se convierte, así, en un nuevo emplazamiento al Estado mexicano para revisar y reformar sus protocolos de manejo forense, garantizar justicia para las víctimas y memoria para sus familias, y evitar que la muerte se convierta en una etapa más de la exclusión y la impunidad.
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