El Partido Acción Nacional (PAN) formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los cuatro hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalándolos por su presunta implicación en una red de huachicol fiscal, contrabando y delincuencia organizada. La denuncia, según explicaron, fue ampliada recientemente para incluir al hijo menor del exmandatario, Jesús Ernesto López Gutiérrez.
Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, el diputado panista Marcelo Torres Cofiño arremetió contra el gobierno federal y aseguró que el sexenio de López Obrador no solo no combatió el huachicol, sino que lo encubrió y lo convirtió en una de las redes de corrupción más grandes del país. Mencionó que la denuncia se fundamenta en documentos de la FGR donde presuntamente se hace referencia a los hijos del expresidente, con base en declaraciones de un testigo protegido.
El legislador fue más allá al afirmar que existe una organización criminal integrada por familiares del expresidente y operadores políticos, a la que denominó “Cártel de Palenque”, y aseguró que el actual gobierno no combate al crimen, sino que lo encabeza. Además, acusó a las autoridades federales de encubrir esta red de corrupción operada desde las aduanas.
En respuesta, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas como parte de una campaña de desinformación impulsada por la oposición para desprestigiar al expresidente y debilitar a la administración actual. Reiteró que nunca recibió instrucciones ilegales durante su tiempo en el gabinete y defendió la integridad de López Obrador.
Si bien es válido que los partidos opositores fiscalicen al poder y presenten denuncias si tienen pruebas, el uso reiterado de ataques contra la familia del expresidente sin evidencias contundentes sugiere un interés más político que jurídico. Incluir al hijo menor en estas acusaciones raya en la irresponsabilidad y refleja una estrategia desesperada del PAN por posicionarse, aun a costa del respeto a la vida privada y familiar. Las instituciones están obligadas a investigar, pero los actores políticos también deben actuar con ética y responsabilidad, no solo con estridencia.
Foto: Redes
