Tres periodistas campechanos emitieron una disculpa pública dirigida a la Gobernadora Layda Sansores, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), que determinó que las declaraciones hechas en su programa de análisis político constituían violencia política en razón de género, en su modalidad digital y mediática.
Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, quienes conducen un espacio de opinión transmitido por redes sociales, acataron la decisión judicial luego de que esta fuera ratificada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta confirmación obligó a los comunicadores a grabar y difundir un video con un texto previamente establecido por la autoridad electoral.
La sanción fue consecuencia de comentarios considerados ofensivos y estereotipados hacia la mandataria, los cuales se difundieron en plataformas como YouTube y Facebook. Según las autoridades, dichas expresiones vulneraron derechos políticos bajo criterios de género, encuadrándose dentro del concepto de violencia política.
Hasta el momento, la Gobernadora no ha emitido pronunciamiento alguno respecto a la disculpa, mientras que los periodistas tampoco han ofrecido declaraciones adicionales tras el cumplimiento de la resolución.
Este caso no es un hecho aislado, sino parte de una serie de resoluciones judiciales recientes que involucran a medios locales y comunicadores críticos del gobierno estatal. Uno de los más destacados es el del periodista Jorge Luis González Valdez, quien fue legalmente restringido de realizar cualquier referencia hacia Layda Sansores, por orden de una jueza.
Como parte de esa resolución, también se ordenó una intervención directa sobre el contenido editorial del medio Tribuna Campeche, instruyendo al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a nombrar a un supervisor que revise previamente sus publicaciones. Esta medida ha sido considerada por diversas organizaciones de derechos humanos como un exceso.
Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, ha expresado su preocupación, señalando que estas decisiones judiciales podrían constituir una forma de censura previa y afectar gravemente la labor periodística en la entidad.
En esa línea, el reportero González Valdez ha alertado que este tipo de resoluciones podrían sentar un precedente negativo para el ejercicio libre del periodismo en México, al establecer límites poco claros entre crítica legítima y violencia política.
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