El Congreso de la Unión podría reformar la Constitución para endurecer el castigo a quienes incurran en corrupción dentro del sector inmobiliario. Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca que tanto servidores públicos como particulares implicados en estas prácticas enfrenten prisión preventiva automática mientras son investigados.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, propuso modificar el artículo 19 constitucional, planteando que este tipo de delitos ameriten medidas cautelares más severas, dada su magnitud y el impacto social que generan. La propuesta ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su evaluación.
La corrupción inmobiliaria, según la iniciativa, implica acuerdos ilegales entre funcionarios y desarrolladores para adjudicar terrenos, autorizar cambios de uso de suelo sin cumplir la normativa, vender tierras ejidales de manera irregular o construir y vender viviendas fuera del marco legal. Estos actos no solo vulneran la ley, sino que provocan desplazamientos forzados de comunidades, alza desmedida en los precios de vivienda y desigualdad urbana, además de ocasionar graves daños financieros y medioambientales.
Uno de los puntos clave de la reforma es garantizar que los implicados no evadan la justicia aprovechando vacíos legales o influencias políticas. Para ello, se contempla que el Código Nacional de Procedimientos Penales sea ajustado, con un plazo de hasta 90 días naturales tras la aprobación del decreto, para incluir formalmente este delito en su catálogo.
Además, las autoridades federales deberán actuar rápidamente. Se establece que en un máximo de 180 días, el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República emitan lineamientos para capacitar a funcionarios de obra pública, ministerios públicos y notarios en la detección y combate de estas prácticas. La Fiscalía, por su parte, estará obligada a presentar un informe anual detallado con estadísticas de casos, sanciones y estrategias preventivas aplicadas.
La propuesta también considera que quienes hayan cometido este tipo de delitos en los 180 días previos a la entrada en vigor del decreto puedan ser investigados retroactivamente.
Con esta iniciativa, se busca cerrar el paso a redes de corrupción que han lucrado con el desarrollo urbano, afectando el derecho a la vivienda y deteriorando el tejido social en muchas zonas del país.
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