Morelia, Michoacán. Este 3 de julio, organizaciones civiles e integrantes de pueblos originarios se manifestaron en la plaza Melchor Ocampo, en el centro de la capital michoacana, para exigir justicia y protección efectiva para Cherán y otras comunidades indígenas afectadas por el crimen organizado.
Con carteles en el piso y consignas pegadas en el Palacio de Gobierno, los manifestantes denunciaron el abandono de las autoridades y exigieron garantías de seguridad para todas las regiones indígenas del estado. Entre las comunidades mencionadas están Arantepacua, Santa Fe de la Laguna, Pichátaro, Ichán, Ocumicho y San Antonio, todas marcadas por homicidios, desapariciones, robos y secuestros.
La protesta fue una respuesta directa al ataque armado ocurrido el 2 de julio contra integrantes de la Ronda Comunitaria de Cherán, donde fue asesinado Francisco Macías Sánchez y resultó herido Daniel Rafael Guerrero. El Consejo Mayor de Cherán ha decidido no emitir declaraciones públicas hasta que concluyan los funerales y los días de duelo.
«No es un hecho aislado»: denuncian violencia sistemática en territorios indígenas
A través de un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán advirtió que el ataque a Cherán no fue un evento aislado, sino parte de una escalada de violencia en la región purépecha. Señalan que el crimen organizado incursiona en comunidades, despoja territorios y amenaza a los pobladores sin consecuencias legales.
Cherán ha sido ejemplo de resistencia desde que en 2011 expulsó a talamontes, políticos corruptos y criminales que saqueaban sus bosques. Desde entonces, el pueblo ha construido un sistema de autogobierno y seguridad comunitaria que ha reducido más del 90% de los delitos del fuero común. Sin embargo, el reciente ataque —que ocurrió a las afueras de la comunidad, rumbo a Nahuatzen— busca desestabilizar ese modelo autónomo.
“El Estado es cómplice por omisión”: acusan autoridades comunales
En su comunicado del 2 de julio, la comunidad de Cherán responsabilizó a los gobiernos federal, estatal y municipal por su omisión y silencio, señalando que el llamado “Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas” no fue construido con las comunidades y no ha garantizado su seguridad.
“¿De qué justicia hablamos si nuestras propias formas de organización y defensa no son garantizadas ni respetadas?”, cuestionaron las autoridades comunales de más de 70 pueblos indígenas.
Las comunidades movilizadas en Morelia dirigieron un mensaje firme al Estado mexicano: la violencia que enfrentan los pueblos originarios no puede seguir siendo ignorada. En su pronunciamiento público, exigieron garantías inmediatas de seguridad para todas las comunidades indígenas, especialmente aquellas que, como Cherán, han optado por formas autónomas de organización frente a la ausencia de protección institucional.
También demandaron acciones urgentes y coordinadas entre los distintos niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, que vayan más allá de promesas o planes burocráticos. Para las comunidades, la respuesta estatal debe ser inmediata, efectiva y construida en diálogo directo con los pueblos que enfrentan el despojo y la violencia todos los días.
Finalmente, reclamaron el fin de la indiferencia institucional, señalando que la actual crisis de seguridad y despojo no admite más espera. La omisión, señalaron, no solo favorece la expansión del crimen organizado, sino que también representa una forma de complicidad.
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Fotografía: Redes
