La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, formalizó la creación de una Comisión Presidencial encargada de impulsar una nueva reforma electoral. El decreto correspondiente fue publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, donde también se detallan los objetivos y la integración de este grupo.
Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, será quien asuma la Presidencia Ejecutiva de la comisión, un organismo que dependerá directamente del Ejecutivo Federal. Su misión será recoger propuestas ciudadanas, promover el debate público e impulsar un nuevo marco normativo en materia electoral.
Un equipo de alto perfil
La comisión estará integrada por siete figuras clave del actual gobierno, incluyendo a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación; José Antonio Peña Merino, responsable de la Agencia de Transformación Digital; Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte; y Jesús Ramírez Cuevas, quien coordina la comunicación del gobierno federal.
A ellos se suman Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, y Lázaro Cárdenas Batel, desde la Oficina de la Presidencia. Cada uno aportará desde su ámbito de experiencia a un proceso que, según lo expuesto en el decreto, pretende abrir el diálogo a toda la ciudadanía, sin restringir el análisis de los sistemas políticos solo a los actores tradicionales.
Funciones y alcances
Entre sus principales tareas, la comisión deberá convocar al pueblo a participar activamente en la discusión sobre la reforma electoral, así como realizar estudios y elaborar propuestas concretas sobre el futuro del sistema democrático mexicano.
Además, se establece que los integrantes podrán designar suplentes permanentes con rango mínimo de director general, para garantizar la continuidad de los trabajos. En caso de ausencia de la titular del Ejecutivo, será el presidente ejecutivo —en este caso Pablo Gómez— quien asuma la representación.
También se contempla la posibilidad de invitar a representantes de instituciones públicas, privadas, academia, sociedad civil y organismos autónomos, quienes podrán participar con voz, aunque sin voto, en los procesos deliberativos de la comisión.
Una apuesta por el debate nacional
Desde la presidencia se plantea que la reforma electoral debe discutirse en un ambiente abierto y plural, donde las voces de la ciudadanía tengan un papel relevante. El enfoque, aseguran desde el gobierno, es convertir esta discusión en una herramienta de transformación y no en un simple trámite legislativo.
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