En una acción inédita dentro de las fuerzas armadas mexicanas, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que fue el propio exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien solicitó investigar a fondo al personal de la Armada por posibles vínculos con delitos como el robo de combustibles y actos de corrupción interna.
El fiscal Alejandro Gertz Manero detalló que, hace dos años, el almirante en funciones pidió que se llevara a cabo una indagatoria amplia, sin distinciones ni protecciones, incluso si los señalados eran familiares o altos mandos. Esta solicitud derivó en una operación que recientemente culminó con la captura de 14 personas, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del propio Ojeda Durán.
La investigación se relaciona directamente con un decomiso sin precedentes ocurrido en marzo en Tamaulipas, donde se aseguraron 10 millones de litros de diésel, un buque y 190 unidades entre contenedores y vehículos. Según la FGR, las irregularidades detectadas se extendían a varias entidades del país y comprometían tanto a personal en activo como a exfuncionarios.
Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad federal, Gertz explicó que la información comenzó a recolectarse a partir de denuncias internas y permitió rastrear redes de corrupción operando en estados como Baja California y Tamaulipas, donde también se logró asegurar dinero, propiedades y vehículos vinculados al huachicol fiscal.
El fiscal adelantó que hay más órdenes de aprehensión en proceso, aunque no dio nombres. Confirmó que existe coordinación con autoridades de Estados Unidos, ya que más del 90% del combustible ilícito proviene de ese país.
Desde la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch reconoció el papel de la Marina en la lucha contra el crimen organizado, especialmente durante la administración de Ojeda Durán. Subrayó que los arrestos fueron posibles gracias al trabajo conjunto de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Según lo expuesto por García Harfuch, los operativos recientes se desarrollaron en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se cumplieron órdenes de aprehensión contra una red integrada por empresarios, marinos activos, retirados y exfuncionarios de Aduanas.
Por su parte, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, representante actual de la Secretaría de Marina, dejó claro que la institución no tolerará actos de corrupción. Afirmó que se reforzarán los mecanismos de control interno y disciplina, y que la Marina no dudará en aplicar la ley a quienes traicionen la confianza pública.
Morales enfatizó que la dependencia mantiene una postura firme: “la ley es para todos”, y que estos actos individuales no definen a una institución con más de dos siglos de servicio a México.
Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad, incluso al interior de las fuerzas armadas.
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