La reciente disposición oficial que vincula las líneas telefónicas móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP), vigente del 9 de enero al 30 de junio de 2026, obliga a las empresas de telecomunicaciones a reforzar sus controles de protección de datos para evitar sanciones económicas y penales.
Por primera vez, la identificación de titulares y usuarios de celulares recaerá directamente en las operadoras Telmex, AT&T, Movistar y Altán Redes, responsables de integrar sus propios registros. La medida busca reducir la extorsión y otros delitos cometidos a través de líneas de prepago.
En conferencia virtual, Alicia Trejo, gerente cyber legal de IQSEC, subrayó que esta obligación implica que las compañías mejoren sus protocolos de seguridad y gestión de información. “Es necesario fortalecer los controles para reducir riesgos inherentes a las bases de datos y evitar vulneraciones que afecten a la población”, señaló.
Trejo advirtió que las sanciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares pueden alcanzar hasta 37.5 millones de pesos si las deficiencias no son corregidas. Además, recordó que el Código Penal Federal contempla penas de tres a ocho años de prisión para proveedores que incumplan con la geolocalización de líneas o retrasen su colaboración con las autoridades.
El acuerdo publicado el 9 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que, en caso de vulneración de bases de datos, las empresas deberán notificar de inmediato a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como a los usuarios afectados.
“Es muy importante que los proveedores cuenten con políticas claras de protección de datos personales y que los usuarios lean con atención los avisos de privacidad”, concluyó Trejo.
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