La investigación por presuntos fraudes en esquemas de tiempos compartidos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) escaló a nivel binacional. Autoridades mexicanas confirmaron que el resort Kovay Gardens, ubicado en Puerto Vallarta, es objeto de indagatorias por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que fuera señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con dicha organización criminal.
Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la UIF presentó una denuncia formal ante la FGR, instancia que conduce la carpeta de investigación. “La UIF hizo una denuncia a la FGR, ellos darán informe sobre la investigación”, sostuvo el funcionario, al subrayar que no puede revelar más detalles debido a que el caso sigue en curso.
El caso tomó dimensión internacional luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designara a 24 personas —cinco físicas y 19 morales— por su presunta participación en un esquema fraudulento relacionado con servicios turísticos y tiempos compartidos, el cual estaría ligado al CJNG.
De manera paralela, la UIF incluyó a siete sujetos adicionales —seis individuos y una empresa— en la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar que formarían parte del entramado financiero, familiar y corporativo que operaba el esquema.
Las autoridades señalaron que el objetivo es debilitar las estructuras económicas de los grupos criminales que utilizan actividades empresariales como fachada para captar y dispersar recursos de origen ilícito, particularmente en el sector turístico.
La UIF detalló que realizó análisis financieros, fiscales y corporativos para rastrear transferencias internacionales, movimientos bancarios y uso de instrumentos financieros que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como resultado, se aplicaron medidas de bloqueo de cuentas y restricciones para impedir el acceso al sistema financiero, tanto nacional como internacional, y cerrar espacios al uso de prestanombres y empresas fachada.
García Harfuch adelantó que existen otros casos similares en distintas entidades del país, aunque evitó proporcionar mayores datos. “Esta investigación en particular es una que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República”, reiteró.
Las indagatorias continúan bajo coordinación entre instancias mexicanas y estadounidenses, en el marco de la cooperación bilateral para combatir esquemas financieros vinculados al crimen organizado con impacto transnacional.
Fotos: Redes
