México obtuvo una victoria en un arbitraje internacional contra la empresa estadounidense Silver Bull Resources, que reclamaba más de 315 millones de dólares por un proyecto minero en Sierra Mojada, Coahuila. La Secretaría de Economía informó que el Tribunal Arbitral del CIADI resolvió por unanimidad a favor del Estado mexicano, al desestimar las acusaciones presentadas por la compañía.
La disputa inició luego de que Silver Bull acusara a México de haber impedido el desarrollo de sus inversiones mediante presuntos bloqueos a su proyecto de extracción de plata y otros minerales. La empresa sostuvo que una cooperativa minera local, supuestamente respaldada por autoridades estatales, obstaculizó sus operaciones desde 2019, por lo que llevó el caso a un arbitraje bajo las reglas del extinto TLCAN.
El Estado mexicano rechazó esos señalamientos y argumentó que las autoridades de Coahuila actuaron de manera razonable frente a un conflicto social entre la empresa y habitantes de Sierra Mojada. México también sostuvo que varias reclamaciones estaban fuera de los plazos permitidos por el tratado comercial, además de señalar que la minera no contaba con la capacidad técnica y financiera necesaria para desarrollar el proyecto.
El tribunal descartó que el Estado mexicano hubiera promovido el bloqueo de la mina y determinó que no tenía competencia para resolver el caso bajo el TLCAN. Con ello, fueron rechazadas en su totalidad las reclamaciones de Silver Bull Resources, que pretendía una compensación millonaria por presuntos daños a sus inversiones en territorio mexicano.
La resolución también ordenó a la empresa reembolsar a México una suma relevante por los gastos y costos derivados del procedimiento arbitral. Para la Secretaría de Economía, el fallo fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional, al confirmar los límites de las obligaciones asumidas por México frente a inversionistas extranjeros.
El caso representa una victoria importante para México frente a una compañía estadounidense que buscaba trasladar al Estado mexicano el costo de un proyecto minero cuestionado por conflictos sociales y falta de viabilidad. La decisión evita una indemnización multimillonaria y marca un precedente frente a empresas extranjeras que recurren a arbitrajes internacionales para presionar a países receptores de inversión.
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