La denuncia presentada contra Ricardo Pérez, José Luis García “Slobotzky” e Iván Mendoza, integrantes del pódcast La Cotorrisa, ha sacudido al mundo del entretenimiento digital mexicano. La creadora de contenido Jesica Bustos los acusa de acoso y abuso sexual, luego de haber sido objeto de burlas y comentarios con connotaciones sexuales durante la grabación de un episodio del programa.
El caso fue confirmado por su abogado, quien señaló que la carpeta de investigación ya se encuentra en integración ante la Fiscalía de la Ciudad de México. La denuncia no solo apunta a los responsables directos, sino también a las prácticas normalizadas en una industria donde el poder mediático suele blindar conductas machistas tras el pretexto del humor.
Tras los hechos, el episodio 308 del pódcast —donde presuntamente ocurrieron los comentarios ofensivos— fue eliminado de las plataformas digitales. Desde entonces, los conductores de La Cotorrisa han evitado pronunciarse públicamente. Mientras tanto, el entorno de la denunciante ha denunciado hostigamiento en redes y bloqueos por parte de los señalados.
El humor en tiempos de denuncia
La Cotorrisa es uno de los pódcast más escuchados de México y América Latina, con millones de reproducciones semanales y una enorme influencia entre públicos jóvenes. Su estilo irreverente y burlón les ha generado tanto seguidores como críticas, sobre todo por los límites éticos de su contenido y la manera en que reproducen estereotipos de género y violencia simbólica.
Este nuevo caso no solo cuestiona los comportamientos individuales de sus integrantes, sino también el contexto de impunidad en el que se desarrolla parte del entretenimiento digital. Lo que para algunos puede ser una “broma”, para otras personas representa una forma de violencia normalizada que afecta su integridad y dignidad.
Organizaciones feministas y voces del movimiento digital han exigido que el proceso se conduzca con seriedad, sin linchamientos mediáticos, pero tampoco con impunidad. La denuncia podría sentar un precedente sobre la responsabilidad penal y moral de los creadores de contenido cuando su trabajo deriva en daño o humillación hacia otras personas.
Justicia y poder mediático
De confirmarse los hechos, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión por delitos relacionados con acoso y abuso sexual. Pero más allá de las sanciones, lo que está en juego es un cambio de paradigma: el reconocimiento de que el poder mediático no debe ser excusa para reproducir violencia ni para evadir consecuencias.
En México, las denuncias por acoso dentro del ámbito artístico y de medios suelen quedar impunes o diluirse entre declaraciones públicas. Sin embargo, este caso llega en un momento en el que los movimientos feministas y las audiencias exigen un nuevo equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad social.
El humor, sostienen diversas voces, no puede seguir siendo un refugio para el desprecio ni un disfraz de poder. Lo que se exige no es censura, sino ética. Y lo que se reclama no es fama, sino justicia.
