Organizaciones civiles y colectivos sociales denunciaron la presunta detención arbitraria del activista Luis Fernando Luna Olivares, luego de que documentó y cuestionó un operativo de reordenamiento del comercio en vía pública encabezado por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en la Zona Rosa. El caso encendió alertas por la posible criminalización de la protesta y de quienes registran abusos de autoridad.
De acuerdo con la abogada Diana Guerrero, el defensor de derechos humanos fue detenido por elementos de la Policía de Investigación afuera de su domicilio, alrededor del mediodía. La representante legal acusó que los agentes no presentaron un documento que justificara la detención y que, durante el aseguramiento, le habrían advertido que se había metido “con alguien muy pesado”.
La defensa señaló inconsistencias en la versión oficial, pues las autoridades habrían argumentado que Luna fue detenido tras salir del Metro por una supuesta actitud sospechosa y por portar una bolsa con una sustancia. Sin embargo, la abogada aseguró que existen imágenes de policías esperándolo cerca de su domicilio desde antes de su salida, lo que pondría en duda la narrativa institucional.
El activista relató a su defensa que fue presionado para entregar el PIN de su celular, que presentó lesiones en rodillas, ceja y puños, y que no le permitieron comunicarse con su familia durante varias horas. Estos señalamientos colocan el caso en un terreno delicado para la Fiscalía capitalina y para la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por una figura respaldada por la derecha.
Luna había documentado en fotos y videos presuntos abusos durante el operativo en la calle Génova, donde comerciantes ambulantes fueron retirados bajo el argumento del reordenamiento. Colectivos acusaron que la administración de Rojo de la Vega usa un discurso de orden para golpear a trabajadores de la vía pública, cuya actividad sostiene a familias enteras.
Las organizaciones exigieron la liberación inmediata del activista, una investigación sobre los funcionarios involucrados y garantías de seguridad para él y su familia. El caso suma presión contra Rojo de la Vega y contra la derecha capitalina, señalada por convertir la gestión del espacio público en una política de persecución contra vendedores, activistas y voces críticas.
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