El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a encender las redes sociales al acusar al gobierno de Claudia Sheinbaum de “robar dinero público” para financiar a la “dictadura cubana”, en el marco de la negativa de Pemex y su filial Gasolinas Bienestar de transparentar los pagos de Cuba por la importación de crudo y combustibles.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el dueño de Grupo Salinas insinuó incluso que los recursos enviados a la isla podrían estar regresando a México para financiar al partido Morena.
Las declaraciones de Salinas Pliego se producen en un contexto de exigencia ciudadana para que Gasolinas Bienestar entregue comprobantes de pago de las exportaciones a Cuba. Sin embargo, especialistas en transparencia han señalado que, aunque la filial argumenta que no está obligada legalmente a rendir cuentas por ser una sociedad mercantil, el uso de recursos públicos implica que la información debe hacerse pública.
Críticos señalan que el empresario ha aprovechado el debate legítimo sobre transparencia para alimentar narrativas ideológicas y atacar a la administración federal, pese a que sus propias empresas han enfrentado cuestionamientos por deudas fiscales multimillonarias con el SAT y por beneficiarse de contratos con el gobierno.
De acuerdo con datos de El Universal, entre julio de 2023 y junio de 2025 Pemex envió a Cuba entre 19 mil y 23 mil barriles diarios de combustibles, con un valor estimado en mil 300 millones de dólares. No obstante, hasta el momento no existe evidencia pública de que los recursos de dichas exportaciones estén siendo desviados a fines partidistas.
El mensaje de Salinas ha polarizado la conversación en redes sociales: mientras algunos usuarios comparten su postura, otros cuestionan que un empresario con intereses en el sector energético utilice acusaciones sin pruebas para presionar políticamente.
La controversia mantiene abierta la discusión sobre el acceso a información pública en empresas productivas del Estado, pero también deja en evidencia cómo las críticas de figuras con poder económico pueden influir en la opinión pública aun sin sustento documental.
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