Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más poderosos del país, reconoció en una reciente entrevista que esperaba que su amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador influyera en el tratamiento fiscal que recibiría del SAT. La expectativa del dueño de Grupo Salinas era llegar a un acuerdo más benévolo con las autoridades tributarias, especialmente respecto a un adeudo que se remonta a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Durante la charla, Salinas explicó que los litigios fiscales que enfrenta su grupo empresarial tienen origen en auditorías realizadas entre 2008 y 2013. En ese periodo, las autoridades detectaron irregularidades que derivaron en una deuda multimillonaria, la cual ha sido disputada en tribunales por años. El conflicto se agravó en el sexenio de López Obrador, cuando el empresario creyó que, por su cercanía con el mandatario, podría negociar un esquema de pago distinto, algo que finalmente no ocurrió.
El adeudo, que supera los 63 mil millones de pesos, se ha convertido en un caso emblemático de la relación entre el poder económico y el gobierno federal, así como en uno de los principales enfrentamientos entre Salinas Pliego y el SAT. Según el empresario, la autoridad hacendaria ha actuado con prácticas que considera injustas y ha acusado que existe un intento deliberado por parte del Estado de “castigar” a empresarios como él.
Además, Salinas ha sido enfático en su postura de no ceder ante lo que describe como presiones fiscales. Incluso, ha afirmado públicamente que no aceptará descuentos ni arreglos que considere extorsivos, lo que ha tensado aún más su relación con el Gobierno federal.
En medio de esta disputa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a Totalplay, una de las compañías del conglomerado, liberándola del pago de más de 645 millones de pesos por supuestas omisiones fiscales en 2011. Esta resolución no sólo representó una victoria legal para Salinas, sino que también agudizó la fricción entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, ya que fue vista como un revés a los esfuerzos del gobierno por cobrar los adeudos fiscales pendientes.
